BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Tres funcionarios de la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat se han dedicado el último año a tiempo completo a tramitar las más de 1.200 quejas sobre la gestión de la renta mínima de inserción (RMI) que ha recibido el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
Lo ha explicado este martes el conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, en la Diputación Permanente del Parlament, convocada por la oposición para esclarecer el futuro presupuestario de esta prestación, también conocida como Pirmi, de unos 420 euros mensuales.
De las más de 1.200 quejas recibidas por el defensor del pueblo catalán, la Conselleria de Empresa y Empleo ha contestado un total de 1.001, por lo que aún quedan casos por contestar, la mayoría de ellos de beneficiarios a los que se les ha reconocido el derecho al cobro y aún no han empezado a percibir la ayuda.
Según Mena, tras la "pesada tarea" de revisar más de 20.000 expedientes a partir de agosto de 2011, proceso que culminó con la cancelación del 21,6% de las ayudas, la Generalitat ha podido normalizar la gestión de la RMI y centrarla en la inserción laboral.
El conseller ha explicado que un total de 1.461 expedientes tienen una antigüedad de entre 10 y 20 años y que los beneficiarios responden a más de un centenar de nacionalidades, siendo más de la mitad de ellos inmigrantes.
OPOSICIÓN CRÍTICA
La oposición ha coincidido en alertar que el Govern está excluyendo a miles de catalanes de la RMI tras el endurecimiento de las condiciones, además de estar creando listas de espera para el cobro de más de cuatro meses.
La diputada socialista Eva Granados ha acusado a Mena de estar "generando pobres" con su gestión de la RMI y ha reclamado explicaciones sobre el futuro de las miles de personas en riesgo de exclusión social que esperan acceder a esta prestación como último recurso de subsistencia.
Granados ha cifrado en 10.000 los expedientes cuyo trámite ha sido paralizado, y ha alertado de que el departamento que lidera Mena está cancelando el 90% de las nuevas solicitudes.
Por parte de ICV-EUiA, Joan Herrera ha acusado a la Generalitat de "insensibilidad social" y ha reclamado la creación de una renta mínima garantizada para toda la ciudadanía.
El portavoz de ERC, Joan Puigcercós, ha recordado la importancia de esta prestación en la lucha contra la exclusión, y el diputado del PP Santi Rodríguez ha lamentado la "improvisación" de la Generalitat en esta materia.
