BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes en Consell Executiu la creación de una comisión que propondrá una estrategia global para investigar casos de bebés robados, con el objetivo de que las víctimas reciban una "atención adecuada y que dispongan de la información y el marco legal necesario para perseguir los responsables de las desapariciones forzadas".
La comisión estudiará la fórmula para que el robo de bebés sea cualificado de crimen de lesa humanidad --que no prescribe--, y el grupo de trabajo estará coordinado por la Conselleria de Justicia con la participación de los departamentos de Salud e Interior, y presentará sus conclusiones al Govern en un plazo máximo de medio año, ha informado el Ejecutivo catalán en un comunicado.
Según el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, hay 400 denuncias de particulares presentadas entre 2010 y 2014, y podría haber hasta 300.000 casos en todo el Estado, aunque "no existe ningún cálculo fiable sobre el alcance del fenómeno en Catalunya".
Uno de los objetivos del Govern es cuantificar la desaparición forzada de menores y aglutinar toda la información en un registro para los casos ocurridos hasta 1980, recogiendo "robos de bebés que tuvieron lugar durante el franquismo y la transición".
Según el Govern, se trata de desapariciones de hijos e hijas de madres solteras o menores de edad, víctimas de "tramas organizadas de médicos, comadronas y monjas" que comunicaban la muerte del bebé y lo vendían por importantes cantidades económicas bajo un pretexto político y moral.
"Impulsadas por la eugenesia social franquista, estas organizaciones actuaron con la impunidad de la protección del régimen", ha indicado el Ejecutivo catalán.
Otros objetivos son analizar la viabilidad de una base de datos de ADN junto al registro, lo que facilitaría la investigación de los Mossos d'Esquadra o la acción de la Fiscalía; estudiar posibles acciones de reparación, económicas, psicológicas y jurídicas; crear una "ventana única" para obtener información sobre el procedimiento que tienen que seguir las víctimas, y determinar si es necesaria una nueva ley específica.
