Pide al Gobierno eliminar obstáculos jurídicos a la reducción del sector público
BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat venderá edificios vacíos y de equipamientos en 2012 para cumplir con sus previsiones de ingresos recogidas en los presupuestos, ha explicado el director general de Patrimonio de la Generalitat, Jacint Boixasa, en una conferencia en Iese sobre la gestión del patrimonio de la Generalitat.
Boixasa, director general de Patrimonio desde hace un año (1 de febrero de 2011), ha atribuido la decisión de la Generalitat de vender patrimonio (inmuebles y empresas) a criterios económicos para activar las cuentas públicas en la coyuntura actual de los mercados, y con el objetivo de optimizar los recursos públicos: "Creo que no es del siglo XXI tener 20 metros cuadrados por funcionario".
En el ámbito de las sociedades públicas, ha justificado la privatización para "optimizar el organigrama y adelgazarlo: tener más de 500 entes no supone mucha eficiencia. Los entes jurídicos cuestan de mantener y son difíciles de disolver".
La mayoría de sociedades en las que la Generalitat es mayoritaria corresponden a los ámbitos de la salud y de la investigación, y en las que es minoritaria son de promoción económica y de medio ambiente, ha expuesto.
Boixasa ha abogado por compartir con el sector privado lo que no es obligatoriamente público y tiene valor añadido, "por la vía concesional o por la vía de venta de acciones total o parcial", y teniendo claro que no se debe pisar ninguna iniciativa empresarial del sector privado.
Tanto respecto a los inmuebles como a las sociedades con participación pública, ha aseverado que la Generalitat "no hará ninguna transacción que no cumpla las normas del mercado ni que perjudique a los intereses de los ciudadanos, pese a la coyuntura actual de los mercados, el déficit, la deuda y la tesorería" del Govern.
En cuanto a los dos lotes con 27 edificios que la Generalitat puso a la venta en 2011, ha apuntado que todavía no se ha cerrado la venta --el plazo se prorrogó hasta este martes para que el único finalista pudiese lograr financiación--, pero que la coyuntura ha acentuado el procedimiento "de embudo": había 289 inversores interesados al inicio, pero solo el 35% firmaron el acuerdo de confidencialidad para tener más información de los activos, el 9% presentaron oferta no vinculante, el 3% oferta vinculante y solo uno llegó al final.
Otros 10 inversores presentaron oferta vinculante por 18 de los 27 edificios, pero no por los dos lotes en conjunto, ha relatado.
El profesor de Economía de Iese Joaquim Triadú ha defendido que las administraciones compartan riesgos en las operaciones público-privadas con contratos en que la parte pública cumpla los mismos requisitos que si fuese un acuerdo entre dos empresas privadas; que las administraciones doten de un plan de negocio a las empresas públicas que quieran externalizar, para que tengan más mercado que el público, porque es limitado, y que se valore la entrada de fondos de inversión que están surgiendo para inversiones en infraestructuras a largo plazo.
LÍMITES A LAS PRIVATIZACIONES
El secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat, Albert Carreras, ha relatado que cuando el Govern de CiU llegó a la Generalitat tenía claro que había que "privatizar sin complejos para reducir el déficit y mejorar la eficiencia", pero luego vio que la optimización del patrimonio ya se había hecho anteriormente, y que privatizar ahora es muy difícil, aunque sigue trabajando en ello diariamente.
Carreras ha añadido que en las inversiones público-privadas de los últimos años se dio un abuso del pago diferido a años posteriores, que "ahora hace mucho daño", por lo que la Generalitat no prevé aplicar esta fórmula en los próximos años.
Sobre las empresas públicas, ha coincidido con Boixasa en que son muy difíciles y costosas de disolver, y que los jueces no aceptan Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas en las empresas públicas, lo que impide su flexibilidad.
Por ello, ha instado al Gobierno central a "entrar en esto si se quiere un redimensionamiento del sector público", buscando una solución a estos obstáculos jurídicos, además de los regulatorios.
