24 de noviembre de 2020
6 de junio de 2006

El Gobierno catalán regula la venta de viviendas de protección oficial de promoción pública

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Generalitat aprobó hoy un decreto para regular las condiciones de venta de viviendas de protección oficial de promoción pública, una normativa que en lo referente al sistema de formación de precios seguía con la legislación de 1978.

La promoción de viviendas de protección oficial de promoción pública han ido disminuyendo desde 1987, cuando surgió la figura de las viviendas de protección oficial de régimen especial, y la mayoría se han destinado a la compraventa.

Los bajos precios de este tipo de pisos, delimitados por las regulaciones de 1978, provocan una fuerte presión de compra y el peligro de que se produzcan "transmisiones irregulares" y de que los pisos "pasen al mercado libre", según la Generalitat.

La nueva normativa prevé condiciones para la venta, como que el inquino de la vivienda la recibiese hace un mínimo de 15 años o en casos de promociones con una fuerte concentración de pisos de alquiler o con alquiler residual.

La Generalitat considera fuerte concentración de alquiler las promociones de más de 40 viviendas en las que, como mínimo, la mitad estén arrendadas, y promociones de fincas de alquiler residual, aquellas promociones en las que las viviendas alquiladas no llegan al 10%.

El decreto establece otras condiciones para permitir la compraventa, como que la solicitud para hacerla efectiva cuente con la conformidad del Ayuntamiento en el que se ubiquen las viviendas, excepto que sean de su propiedad o de una empresa pública.

Respecto a las condiciones de los compradores, éstos deberán ser titulares del contrato de arrendamiento, ser los primeros ocupantes o también sus conyugues o hijos y que estén al corriente del pago de la renta.

El nuevo decreto aprobado por la Generalitat también incluye los requisitos para que los pisos de protección oficial de régimen general de venta dejen de serlo, como que las personas que lo soliciten sean titulares de la vivienda y que desde la certificación final de obras haya pasado un mínimo de 15 años.