BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y de Educación, Marcial Marín, se han reunido la tarde de este martes durante unas dos horas con una representación de los guardias civiles padres de alumnos del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde Fiscalía ha denunciado a nueve profesores por comentarios en clase tras el 1-O.
Pasadas las 16.45 horas, han entrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya una furgoneta en la que viajaban los padres de alumnos y diversos vehículos con los que también han accedido los secretarios de Estado, y de la que han comenzado a salir poco antes de las 19 horas.
A la reunión, de la que han salido los protagonistas sin hacer declaraciones a los medios que se concentraban a las puertas y sin que trascienda su contenido, también han asistido los máximos responsables de la Guardia Civil y Policía Nacional en Catalunya, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente.
En un comunicado enviado el 1 de mayo por el Ministerio del Interior, el departamento aseguró que la reunión la impulsó el ministro Juan Ignacio Zoido para transmitirles su apoyo "respetando siempre el proceso judicial abierto".
También remarcó que, al margen de la actuaciones judiciales que están en marcha, querían transmitirles que estarán siempre a su lado y que "comparten su indignación por actitudes tan antidemocráticas, sectarias e impropias de un centro educativo", y que ambas secretarías están siguiendo éste y otros presuntos casos de acoso en centros escolares catalanes.
El sindicato CC.OO., que la mañana de este martes se ha concentrado a las puertas de la Delegación del Gobierno, ha pedido al subdelegado en Barcelona, Emilio Ablanedo, que los secretarios de Estado no se reúnan solo con los guardia civiles padres de alumnos, sino que también lo hagan con la dirección del instituto, y evitar la judicialización de conflictos que se puedan producir en las escuelas.
En esa línea, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, lamentó el lunes que en el caso del instituto El Palau las familias optasen por la vía judicial y no por la administrativa de Inspección, y aseguró tener constancia que tanto la dirección como la Inspección educativa habían trabajado para recuperar la normalidad en el centro tras el 1-O.
