BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat endurecerá los requisitos de los geriátricos para concertar plazas o actualizar las tarifas de las que ya tienen concertadas, exigiendo un aumento de los sueldos y formación de sus empleados y de la calidad de los servicios, en el marco de un nuevo modelo de concertación.
En rueda de prensa en Barcelona, la consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, ha explicado que la financiación de las plazas concertadas aumentará un 4 por ciento este año --hasta los 1.928,75 euros-- para los centros que cumplan indicadores de calidad asistencial; acrediten la calificación de sus profesionales, y respeten las condiciones salariales mínimas que ha establecido el Govern junto con los sindicatos CC.OO., UGT y USOC.
La directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carolina Homar, ha precisado que los centros deberán cumplir una batería de indicadores de calidad antes del 31 de diciembre, que incluyen promover la autonomía personal de los ancianos; facilitar su derecho a elegir cómo quieren ser atendidos; mejorar las condiciones de seguridad y de medicación, así como la comunicación con las familias.
Este sistema de calidad se podrá verificar porque "obliga a los centros a registrar para cada anciano las actividades que se realizan en esta dirección", ha apuntado Homar, y ha destacado que también incluye un registro de quejas que la Conselleria utilizará para seguir los casos e inspeccionar, si cabe, los centros.
En materia laboral, los centros deberán suscribir el Pacto de Eficacia Limitada elaborada por el Govern y los sindicatos, que fija en 991,3 euros el salario mínimo para los empleados, frente a los 908,14 euros que establece el convenio estatal. Así lo ha fijado la Generalitat después de que patronales y sindicatos de geriátricos en Catalunya no lograran acordar un convenio colectivo.
En cuanto a formación, los geriátricos deberán comprometerse a que por lo menos un 35 por ciento de la plantilla inicie el proceso de acreditación de la calificación profesional, por el que todos los empleados del sector deberán tener "como mínimo" el equivalente a la formación profesional (FP) en los próximos tres o cinco años.
Según ha señalado Homar, en septiembre se abrirá el proceso para que las 14.000 plazas residenciales colaboradoras pasen a concertadas, en cuyo caso se garantiza su estabilidad financiera porque cobran independientemente de si están o no ocupadas.
"El aumento de la tarifa será retroactivo desde el inicio de 2010 para los que ya están cumpliendo con todos los requisitos", ha asegurado, añadiendo que los que ya tienen plazas concertadas deberán adaptarse al nuevo modelo al renovar la concertación.
Para los centros que no se hayan adaptado o que tengan plazas colaboradoras, el Govern paga un máximo de 1.969,4 euros, un 0,8 por ciento más que el año pasado.
Catalunya cuenta con 53.500 plazas residenciales, de las que un 58 por ciento reciben financiación pública, 15 puntos más que hace cuatro años. De los 1.008 centros residenciales para ancianos cerca del 70 por ciento obtiene financiación del Govern, y el resto son exclusivamente privados.
La Conselleria ha invertido 121,5 millones de euros en equipamientos para ancianos esta legislatura, y otros 31 millones de euros en mejorar las condiciones estructurales de los centros. La tarifa que paga para plazas residenciales concertadas es de 1.700 euros de media, un 26,7 por ciento más que hace cuatro años, ha destacado la consellera en un balance de atención a ancianos.
