BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha cerrado este miércoles con el sector un principio de acuerdo, que se prevé ratificar la próxima semana, para un "gran pacto social y sectorial" que permita mantener el modelo comercial catalán ante la liberalización que plantea el Estado.
Así lo ha dicho el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, en declaraciones a los medios después de reunirse con las organizaciones patronales y sindicales de comercio para plantear una respuesta política y jurídica conjunta a lo que consideran una "ofensiva legal" del Estado contra el modelo catalán.
El Consejo de Ministros acordó interponer el viernes pasado un recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley catalana de horarios comerciales por establecer un régimen más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal, y pidió al Tribunal Constitucional suspender la ley catalana mientras resuelve el recurso.
"Impulsamos un gran pacto social y sectorial para mantener nuestro propio modelo comercial con nuestra legislación", ha aseverado Puig, que considera el recurso un ataque al autogobierno y ha indicado al Estado que la unidad de mercado no se traduce en la uniformización.
A la reunión han asistido representantes de la Confederación de Comercio de Catalunya (CCC), Cat-dis, Comertia, Cedac, Anceco, los sindicatos CC.OO. y UGT, y la Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras (Anged), entre otras entidades, y ésta última se ha mostrado contraria al pacto, aunque estudiará la propuesta.
Puig ha señalado que el acuerdo, que se llevará al Parlament, "no es un llamamiento a la insumisión ni a la desobediencia", y se ha mostrado convencido de que el TC no suspenderá la normativa catalana, por lo que ha considerado que se trata de un litigio transitorio.
SIN CAPACIDAD PARA SANCIONAR
El conseller ha reconocido que el Govern no tiene capacidad para sancionar a los comercios que se quieran amparar en la legislación estatal, si bien les "recomendará" mantener el modelo catalán, que permite el equilibrio entre los operadores comerciales y la libertad de decisión del consumidor.
El secretario general de la CCC, Miquel Àngel Fraile, ha sostenido que la gran mayoría del sector respetará la ley catalana, y desde CC.OO., Manuel Murillo ha destacado las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral que supone la normativa estatal.
Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable de Economía, Sònia Recasens, ha criticado la nueva "ingerencia" del Estado, y ha mostrado el compromiso de la ciudad con el sector.
ARGUMENTOS DEL ESTADO
El Gobierno central expone que el máximo de 72 horas de apertura comercial a la semana que contempla la ley catalana contraviene la regulación estatal que establece que la limitación máxima tiene que ser de un mínimo de 90.
Además, la Generalitat excluye del horario comercial general a los establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio siempre que la superficie de exposición y venta de éstos no supere los 150 metros cuadrados, mientras que la ley estatal da plena libertad horaria a los que tengan una superficie inferior a los 300 metros cuadrados.
Añade que los criterios para la consideración de municipio turístico que establece la normativa autonómica no cumplen los mínimos que reconoce la normativa básica sobre zonas de gran afluencia turística, y los períodos estacionales para la venta en rebajas que dispone la Generalitat "tampoco respetan la regulación básica, que establece la libertad de los comerciantes para determinar tanto los periodos en los que se efectuará la venta en rebajas, como su duración".
