Los Mossos trabajan con imágenes del ataque en El Masnou (Barcelona) para identificar a sus responsables
BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, ha afirmado que la Conselleria no puede "permitirse el lujo" de que un asalto como el del pasado jueves a un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados ('mena') en El Masnou (Barcelona) se repita en alguno de los 125 pueblos que cuentan con equipamientos de este tipo en Catalunya.
En una entrevista en RAC1 este sábado, recogida por Europa Press, el conseller ha explicado que los Mossos d'Esquadra trabajan para identificar a los presuntos responsables del ataque a través de las imágenes del asalto, y que se han ampliado las medidas de seguridad del albergue de El Masnou donde se ubica el centro de acogida.
El Homrani ha reconocido que la Generalitat no estaba preparada para pasar de acoger a los 400 menores no acompañados que llegaron a Catalunya en 2014 a los más de 3.000 de este año, porque un ascenso de este tipo "tensa todo el sistema".
Preguntado por su parecer acerca del porcentaje de menores tutelados que han cometido algún delito, el conseller ha señalado que, a él, un 18% de delincuencia le preocupa "en cualquier colectivo".
También ha afirmado que prefiere el término 'adolescentes y jóvenes emigrados solos' a 'Mena' porque dentro de este colectivo hay personas con perfiles muy diversos --del 80% de jóvenes que vienen de Marruecos, por ejemplo, algunos provienen ciudades y tienen formación, mientras que otros provienen de zonas rurales y no la tienen--.
COORDINACIÓN
Ha pedido mejorar la transparencia en las cifras de las personas inmigrantes que llegan al territorio español por la costa sur, y ha explicado que el Govern ha mantenido contactos con la Comunitat Valenciana, Canarias, Navarra y Euskadi para plantear un reparto de las acogidas.
"En el Estado español, hay territorios en los que la presión es más alta que en otros", también por las elecciones de los mismos jóvenes, ha detallado, y ha defendido que los poderes públicos tienen una obligación jurídica con los menores tutelados, pero también moral.
Entre otras medidas, ha apostado por agilizar los procesos de regularización de su situación administrativa --que tarda entre 11 y 12 meses-- y reformar la Ley de Extranjería, algo que en su día ya le pidió al Ministro de Exteriores, según ha recordado.
