Alerta de "inseguridad jurídica" en España
BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado de Iberpotash y presidente de ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, ha defendido este lunes la escrupulosa gestión ambiental que realiza en sus explotaciones mineras de potasa y sal en la comarca barcelonesa del Bages y ha alertado de que hay inseguridad jurídica en España.
Lo ha dicho en una conferencia en los Dinars Cambra, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a un plan de restauración para la montaña de sal residual del Cogulló en Sallent, cuando tenían todos los permisos de la administración, por lo que ahora van a "valorar" qué hacen con sus inversiones futuras.
En su intervención, que ha sido pocos días después de que también la UE haya abierto expediente a España por los permisos a Iberpotash por considerar que no cuenta con un plan de gestión adecuado para proteger al medio ambiente y las personas, Martínez ha explicado que cada año invierten cinco millones de euros y pueden garantizar "que ni un gramo de sal va a parar a los ríos", aunque haya voces que digan lo contrario.
"Hemos actuado siempre de acuerdo con la legalidad, cumpliendo los requisitos de la administración, algunos muy exigentes; hemos empezado las inversiones y seis o siete años después no pueden venir ahora jueces a poner en duda lo que las administraciones han aprobado", ha criticado.
Iberpotash tiene en marcha el proyecto Phoenix para invertir 800 millones de euros en nuevas instalaciones en el Bages hasta 2050 con el objetivo de seguir extrayendo potasa como fertilizante y de comercializar la sal que acompaña a la extracción de potasa --para ello acaba de anunciar una alianza con AkzoNobel--, así como poniendo en valor la sal que se acumuló en el pasado.
270 MILLONES EN ESPERA
Ya han puesto en marcha la primera fase, y la segunda debía decidirse este mes, pero de momento quedan a la espera de las consecuencias legales; se trata de una inversión de 270 millones en tres años que incluyen una nueva terminal en el Puerto de Barcelona, y aunque Martínez ha detallado que por ahora no está paralizado, sí supondrá al menos un retraso en la toma de decisiones.
"Cumpliremos la sentencia, pero no es bueno ni para nosotros ni para otros que quieran hacer proyectos como este. Sentencias como esta obligan a repensar las cosas", ha sostenido.
Respecto al expediente de la UE, lo ha atribuido a las 'pasiones' de empresas competidoras: "No pueden competir por vía de mercado por falta de calidad o lo que sea, y han acudido a la UE para poner en duda algo que aquí las administraciones han aprobado".
"Si de verdad queremos apoyar a la industria necesitamos legislación que mime este sector, en los ámbitos de infraestructuras, laboral, fiscal, de planificación territorial y urbanística y administrativos; las industrias deben ser mimadas porque tienen efectos multiplicadores", ha reivindicado.
Ha reprochado que la legislación actual no da seguridad jurídica a las empresas en proyectos de este tipo, a la vez que ha pedido mejoras de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.
