BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este viernes por carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, que reconsidere su decisión de presentar una denuncia contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y otros tres magistrados.
En el escrito, recogido por Europa Press, critica que Torrent haya tomado esta decisión sin que antes la Cámara haya abordado el recurso en contra que presentó el grupo de Cs y sin esperar el informe jurídico que se solicitó a los letrados de la Cámara sobre este asunto.
También recuerda que, en una reunión de la Mesa del Parlament, se pidió que los servicios del Parlament estudiaran la oportunidad de esta denuncia y esgrime que no les consta que todavía se haya emitido ningún informe jurídico al respecto.
El líder de los socialistas catalanes alega también que la decisión de denunciar a Llarena, que adoptó la Mesa hace unas semanas y se ha concretado este viernes, genera "una notable división de opiniones" y ha recordado que el PSC ya se posicionó en contra en su día.
Asimismo, critica que la Mesa no ha participado en la decisión de Torra y que tampoco es consciente de ningún informe jurídico sobre las acciones penales anunciadas.
Por todo ello Iceta pide a Torrent que reconsidere su decisión y no interponga ninguna denuncia sin haber resuelto el recurso de reposición que presentó Cs ni haber recibido el informe jurídico de los letrados, que le insta a pedir si aún no lo ha hecho.
Torrent ha anunciado este viernes que ha interpuesto una denuncia contra Llarena y otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de los diputados en prisión y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la cámara y prevaricación judicial.
En la denuncia, que se ha presentado la mañana de este viernes en el registro del Tribunal Supremo dirigida a la Sala Segunda, se sostiene que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.
Considera que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.
