Supuso cesar a 234 cargos de la Generalitat y parar 46 iniciativas legislativas
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
Un informe elaborado por el Comisionado para el Despliegue del Autogobierno, que depende de la Generalitat, afirma que la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante 218 días tuvo un impacto negativo de 1.800 millones de euros en las cuentas de la administración catalana.
Lo ha explicado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el comisionado encargado de elaborar este trabajo, Pau Villòria, que fue nombrado el 26 de junio de este año para analizar los efectos que había tenido la intervención de la autonomía catalana.
Villòria ha expuesto que la aplicación del artículo se concretó en el cese de 234 cargos de la Generalitat, entre ellos el presidente y todos los miembros del anterior Govern, y ha señalado que supuso "casi anular la capacidad financiera y de ejecución presupuestaria de la Generalitat".
De estos 234 ceses, 33 fueron altos cargos, 139 personal eventual, 11 trabajadores de alta dirección, 50 personal laboral y uno personal funcionario, y Villòria ha asegurado que se ha podido restituir en sus puestos a 90 de ellos --con todos no podrá ser porque algunos han renunciado, ha dicho--.
EJEMPLOS
El informe se ha redactado a partir de las aportaciones de todas las consellerias, y pone varios ejemplos de afectaciones negativas: impidió aprobar la promoción de una línea de ayudas a la vivienda social por 140 millones de euros, así como operaciones de tanteo y retracto de los ayuntamientos por 110 millones.
También asegura que los Mossos d'Esquadra no pudieron acceder a dinero de los fondos reservados con los cuales se financia la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y que se paralizó la actividad del Parlament: decayeron 46 iniciativas legislativas --9 proyectos de ley y 37 proposiciones de ley--.
Además, recoge que se frenó la actividad subvencionadora de la Generalitat, afectando "a los colectivos más vulnerables", y un total de 1.057 entidades del ámbito social se vieron afectadas, sobre todo las que mantienen vínculos con la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
El documento también recoge que supuso "la indefensión de la Generalitat antes los tribunales" ya que, por ejemplo, imposibilitó al Govern comparecer en defensa del derecho a la imagen de los docentes del IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) investigados por presunto delito de odio.
CONCLUSIONES
Villòria ha criticado que la aplicación del 155 debería haber respetado el principio de mínima injerencia, mientras que --ha asegurado-- el Gobierno central aplicó medidas "en ningún caso proporcionales" que buscaron tener un poder ilimitado sobre la Generalitat.
Tras elaborar el informe, el comisionado ha concluido que la aplicación del 155 de octubre de 2017 a junio de 2018 "fue una intervención amplia y en toda regla de la Generalitat que afectó de forma negativa a todos los ámbitos de actuación del Govern".
Ha recordado que él era secretario general de la Conselleria de Empresa y Conocimiento cuando se aprobó: "No fue nada fácil ni agradable para muchos trabajadores de la institución", y ha aplaudido que, aun así, los trabajadores públicos mantuvieron la dignidad institucional, a su juicio.
Villòria ha considerado que el Gobierno central debió apostar por "una negociación" antes de intervenir la autonomía catalana, y ha asegurado que la aplicación de este artículo de la Constitución no solo acercó las posiciones en conflicto, sino que las alejó.
Preguntado por si la Generalitat acudirá con el informe a la justicia, ha recordado que Podemos y el Parlament ya presentaron recursos contra la aplicación del 155 ante el Tribunal Constitucional a los que la Generalitat "presentó sus aportaciones".
