BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ha declarado este martes como investigada en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y ha reiterado que no detectó ninguna partida presupuestaria pública destinada al 1-O, para lo que ha citado al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que también certificó que no se destinó ni un euro público.
Según han indicado fuentes jurídicas, Vidal --investigada por desobediencia y falsedad documental-- ha defendido que ella se limitó a validar la información contable de la Generalitat pero no le corresponde determinar si lo que dice la documentación puede ser mendaz.
Ha asegurado al juez que, en base a los expedientes, no se puede afirmar que haya habido gasto público destinado al 1-O, del mismo modo que lo certificó Montoro, que tenía intervenidas las cuentas de la Generalitat en octubre de 2017.
Vidal, que es funcionaria de carrera e interventora desde los años 90, ha recordado que cuando el Tribunal Constitucional suspendió el 1-O, ella misma bloqueó aquellas partidas destinadas a procesos electorales y consultas populares, que sumaban 6,2 millones de euros.
Posteriormente, no volvió a descubrir otras partidas que pudieran estar destinadas a ese fin, según la información que le facilitaban, abundando en que la documentación no reflejaba en ningún caso un gasto para el 1-O y no era su trabajo descubrir si ese era su fin.
Los investigadores de la Guardia Civil tienen en el punto de mira tres partidas que suman 306.361 euros y que estaban relacionadas con el pago de observadores --'Análisis del contexto político de Catalunya (relacionado con Helena Catt)', 'Trabajo de expertos Europa' y 'Programa de visitantes internacionales'--, que tienen supuestos descuadres de información.
Tanto el Diplocat como la Unidad gestora de la Secretaría de Acción Exterior y de la UE del Departamento de Acción Exterior, que dirigía Raül Romeva, tienen una partida presupuestaria con la misma numeración, como es la D/22600052310.
NÚRIA LLORACH NO DECLARA
Este martes también ha acudido a declarar como investigada la presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, por la campaña publicitaria del 1-O, y se ha acogido a su derecho a no declarar.
En las declaraciones en el juzgado de este martes, la exjefa del Área de procesos electorales y consultas populares del Govern Montserrat Vidal ha declarado, solo a preguntas de su abogado, que su Área se traspasó en julio del departamento de Gobernación a Vicepresidencia --sin especificar por qué--, y que entonces hubo varias reuniones en las que no se le encargó ninguna participación organizativa.
De hecho, ha negado haber participado en ningún preparativo del 1-O y ha explicado que estuvo de vacaciones en el mes de agosto y hasta mediados de septiembre.
Ha añadido que como responsable del Área de procesos electorales fue apercibida por el Tribunal Constitucional para que no hiciera ningún acto sobre el 1-O, por lo que después se le impuso una multa coercitiva de 6.000 euros que finalmente fue retirada al estimar sus alegaciones.
REGISTRO DE CATALANES
También ha declarado el exjefe del Gabinete técnico de la Conselleria de Economía Daniel Gimeno, que ha asegurado que no participó en la firma de un convenio de cesión del Registro de Población Catalana del Idescat al Govern, que la Policía sospecha que sirvió de censo para el 1-O.
Por esta misma cuestión ha declarado ante el juez este martes el director del Idescat, Frederic Udina, que ha indicado que cedieron el Registro de la Población Catalana al Govern pero que se hizo en base a un convenio legal y avalado por el informe jurídico correspondiente.
La Policía Nacional sospecha que el Idescat transfirió el Registro de la Población Catalana a la Vicepresidencia de la Generalitat para presuntamente ser utilizado en el referéndum del 1-O, y que se hizo sin ninguna base legal para ello ya que no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc).
