Los jueces en Catalunya podrán forzar la mediación para evitar juicios de separaciones y custodias

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y la consellera de Justicia, Ester Capella, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu
La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y la consellera de Justicia, Ester Capella, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS
Publicado: martes, 3 marzo 2020 18:25

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu ha aprobado este martes el Proyecto de ley de modificación del libro segundo del Código civil de Catalunya, que fomentará el uso de la mediación en conflictos familiares, y por el que los jueces podrán forzar una sesión de mediación para evitar llegar a juicio en casos de separaciones y custodias de hijos.

En un comunicado, la Conselleria de Justicia ha informado de que con esta ley los jueces podrán decidir si fuerzan a las partes a participar en una sesión obligatoria de mediación para conocer las ventajas de resolver el conflicto por esta vía, en lugar de continuar con la judicial.

La sesión también será obligatoria si las partes lo hubieran pactado previamente, y la ley incluye como conflictos familiares todos los asuntos sobre custodia y tutela de los hijos, divorcios, separaciones y patria potestad.

El objetivo de la nueva norma es dar a conocer la mediación entre la ciudadanía, la abogacía y los juzgados para promoverla como vía alternativa, por lo que la Conselleria ha calculado que las sesiones informativas de mediación se multiplicarán por tres.

En 2019, el Centro de Mediación de Catalunuya recibió 1.358 derivaciones judiciales relacionadas con casos del ámbito de la familia; y durante 2018, según Idescat, hubo 17.705 divorcios y separaciones, y uno de cada cuatro se resolvió con una sentencia judicial, por lo que 4.250 casos podrían haberse resuelto con mediación.

Por vía judicial, el proceso se puede alargar hasta dos años, mientras que la mediación puede acortar el proceso y resolverlo en un plazo de entorno a dos meses, con un máximo de seis sesiones --cada sesión cuesta 40 euros por persona implicada--, y la administración de justicia facilita mediadores de oficio gratuitos en casos en que se justifique falta de recursos económicos.