BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye el caso de malversación de fondos públicos cometido presuntamente por altos directivos de Mutua Universal, tercer grupo mutualista español, imputó hoy a otras seis directivos que se suman a las cinco ya procesados. Además, llama a declarar en calidad de testigo al presidente de la aseguradora y ex presidente de Nissan, Juan Echevarría, y a Eduardo Garriga.
Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha accedido a la petición del fiscal anticorrupción David Martínez Madero, quien el pasado día 10 pidió que se llamara a declarar en calidad de testigos Echevarría y Garriga.
Asimismo, el magistrado ha decidido imputar a los subdirectores generales de Mutua Universal Javier Tobajas Bru, Josep García Belaire y Alfredo Macià Pelegrín, así como al director del departamento de inmuebles, compras y servicios, José Julio Fernández Sánchez; al director de control de gestión, planificación y auditoría, Jordi Pons Coma, y al asesor jurídico externo Daniel Redondo García.
Al igual que los otros cinco procesados, el Ministerio Fiscal les imputa un supuesto delito de malversación de fondos públicos, delito societario y administración desleal, y deberán comparecer ante el magistrado los próximos 23 y 24 de abril. Echevarría y Garriga testificarán un día después.
El resto de imputados son el ex director gerente Juan Aicart Manzanares, el subdirector general José Eduardo Villa, el consultor general José Luis Pérez, el ex director de recursos humanos Francisco Teixidó y el administrativo Enric Torné.
El fiscal anticorrupción considera que Aicart y los subdirectores generales Villa, Tobajas, García y Macià controlaban las estructuras de la mutua y los recursos de ésta.
La Fiscalía atribuye a Pons el papel de "guardián frente a cualquier inmisión del Estado" en la verificación de las cuentas, al ser el responsable de la auditoría, y cree que Redondo ideó el "casillete societario" --las sociedades vinculadas a la aseguradora-- construido sobre la base de Mutua Universal para efectuar la presunta malversación.
Según el informe elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social, la compañía estafó 219 millones de euros a la hacienda pública entre 1990 y 2007, falsificando expedientes de bajas o lesiones por accidentes laborales para cobrar de la Seguridad Social por unas bajas laborales inexistentes o infladas.
La Fiscalía sospecha que la mutua desviaba fondos públicos y otros propios de la entidad a favor de distintas empresas controladas por Aicart y el resto de querellados. Dicha facturación suponía todos los ingresos de las sociedades vinculadas --que en total facturaban más de 12 millones de euros a Mutua Universal-- o un elevado porcentaje de los mismos.
