La decisión no es firme y no valora la posibilidad de que existan irregularidades financieras
BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Contencioso Administrativo 7 de Barcelona ha decretado la nulidad de la rescisión del contrato entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) y la Clínica Coroleu del distrito de Sant Andreu de Barcelona, que anunció en septiembre la Conselleria de Salud de la Generalitat, por lo que el centro seguirá recibiendo fondos públicos del contrato suscrito hace tres años más allá del 31 de diciembre.
El auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, justifica la prórroga del convenio en que su extinción dejaría a la Clínica Coroleu en una situación "grave y delicadísima", máxime cuando ésta gestiona un "servicio público básico y esencial" a 74 residentes de Sant Andreu que no da ningún otro centro en el distrito.
El sindicato CGT, que presentó el recurso contra el cierre, ha hecho hincapié también en la situación de los 49 empleados que se quedarían sin trabajo, sobre los que el escrito judicial también se hace eco al subrayar los "daños irreversibles de carácter económico" que se podían producir.
La extinción del contrato supondría, por tanto, la supresión "de los derechos reconocidos y otorgados por la propia administración", por lo que se pide la "suspensión cautelar" de la medida acordada por el CatSalut, tomada tras detectar irregularidades administrativas que ya han sido trasladas a la Fiscalía para su investigación.
Fuentes de la Conselleria habían precisado que trabajaban en la convocatoria de un concurso público para adjudicar la actividad sociosanitaria que lleva a cabo la Can Coroleu, en el que tenían previsto exigir como condición que el nuevo proveedor contratara a los trabajadores actuales de la clínica.
A pesar de ello, la juez subraya "la conveniencia de que no se produzca un cambio de proveedor del servicio hasta que no se dicte una resolución judicial firme en el proceso principal", y añade también que la no extinción no supone "perjuicio alguno para el interés público".
LA DECISIÓN NO ES FIRME
En cualquier caso, el auto judicial --que no aprecia la imposición de las costas causadas y sobre el que cabe recurso de apelación--, no entra a valorar la posible existencia de irregularidades financieras, un tema que siguen investigando los tribunales.
Dichas irregularidades, según explicaron fuentes de la Conselleria de Salud a Europa Press en noviembre, podrían ser "graves" y, en algunos casos, hasta conllevar "responsabilidades penales".
Trabajadores del centro, pacientes y familiares han iniciado una campaña de movilización contra la decisión de rescindir el contrato, por entender que el cierre de la Clínica dejaría sin este servicio al distrito barcelonés de Sant Andreu.
Para este martes está convocada una fiesta de celebración a las puertas del centro, por cuya continuidad se han recogida hasta 10.000 firmas, según los organizadores del evento.
