BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación Juristes en defensa de la Llengua Pròpia ha presentado una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que pide una sanción "ejemplar" para la presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona, Ana Ingelmo, por pedir a un testigo de la agresión multitudinaria de las fiestas de la Patum de Berga de 2005 que declarase en castellano porque dos acusados no entienden catalán.
Los hechos que han dado origen a la denuncia se remontan al pasado jueves, cuando uno de los testigos de la agresión que se saldó con la muerte de Josep Maria Isanta, el último de la mañana, empezó a declarar en catalán. Ingelmo le interrumpió para preguntar a los nueve acusados si entendían al testigo, a lo que algunos de ellos respondieron que no.
La magistrada rogó entonces a David P.L. que se expresase en castellano, alegando que los "protagonistas" del juicio son los acusados y que tienen derecho a saber todo lo que se declara en su contra, ya que "el derecho a la defensa es muy superior al de escoger la lengua", según recoge denuncia.
El joven accedió a cambiar de lengua, pero la petición de Ingelmo no fue bien recibida por las acusaciones particulares, que formularon la correspondiente protesta, pero no pidieron la suspensión del juicio para continuarlo con la presencia de un traductor. La Sección Séptima, sin embargo, lo pidió de oficio al finalizar la sesión y el viernes los testigos que lo desearon se expresaron en catalán.
Para Juristes per la Llengua, la actuación de la magistrada es "evidentemente censurable", por lo que merece "una sanción ejemplar", ya que "es elemental la compatibilidad del derecho de defensa de los acusados --por el cual debía velar por mandato constitucional-- con el también derecho fundamental del testigo a utilizar, de entre las lenguas cooficiales, la que considerase oportuna".
"La denunciada --añade la asociación--, con su insólita contraposición entre, por un lado, el derecho fundamental a utilizar la lengua propia que tiene cualquier ciudadano de Catalunya y, por otro, el también derecho fundamental a no padecer indefensión, creó una disyuntiva artificiosa, del todo irreal y, por tanto, falaz, sólo presente en su cabeza".
"CABEZONERÍA" DE LA MAGISTRADA.
Juristes per la Llengua considera que Ingelmo vulnera el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual "las partes, sus representantes y los que los dirigen y también los testigos y los peritos pueden utilizar la lengua que también sea oficial en la comunidad autónoma en el territorio de la cual se hagan las actuaciones judiciales, tanto en las manifestaciones orales como en las escritas".
Además, según el apartado quinto del mismo artículo, "en las actuaciones orales, el juez o tribunal puede habilitar como intérprete a cualquier persona que conozca la lengua utilizada, con juramento o promesa previos de aquélla".
La asociación admite en su denuncia, que ya ha llegado al TSJC, que "errar es humano" y señala que la denuncia no existiría si la magistrada, "advertida por tres letrados de la acusación particular sobre su error en crear la mencionada y absurda dicotomía entre los dos derechos, hubiera enmendado su postura".
Por tanto, para Juristes per la Llengua, "lo que da negativa dimensión al hecho y permite elevarlo a cuotas de alto rechazo es la cabezonería, la persistencia en el error y la contumacia de la Ilustrísima magistrada denunciada en obviar la ayuda que para superar tal error le ofrecían las tres acusaciones particulares".
La asociación considera que no se pueden consentir "atropello ni desdenes de esta envergadura", pese al "respeto y consideración que tiene hacia los integrantes del poder judicial; pese a que siempre ha valorado la buena disposición de tantos de ellos para asumir un nivel lingüístico digno para el efectivo cumplimiento del servicio público encomendado; pese a ser consciente de que no es ni mucho menos la judicatura la causante del migrado uso del catalán en la justicia".
Juristes per la Llengua señala que "casos como el presente son literalmente demoledores" para su "empeño" en intentar, "si no aumentar, al menos mantener el reducido uso del catalán en la Justicia". "No puede obviarse que la desventurada acción procesal denunciada tuvo lugar en el marco de un proceso de notable repercusión mediática", añade la denuncia.
Según la asociación, "habrán sido muchos, por tanto, los ciudadanos que arrastrando inercias seculares (a menudo avivadas por regímenes no democráticos) habrán visto confirmada su impresión sobre que el catalán 'no vale' en la administración de Justicia". "Y, lógicamente, pueden ser muchos los que queden enterados de ahora en adelante de que es mejor, 'preventivamente' y para no perjudicar el 'estatus' del acusado, dar testimonio en castellano", añade.
SANCIÓN "PROPORCIONADA" AL PERJUICIO CAUSADO.
Por todo ello, y sin perjuicio de la investigación más detallada que por vía penal o civil iniciará "presumiblemente" la asociación sobre estos "gravísimos" hechos, Juristes per la Llengua insiste en la necesidad de imponer a la magistrada Ana Ingelmo "una sanción proporcionada a la magnitud del perjuicio causado".
La denuncia ante el TSJC interpuesta por Juristes per la Llengua se suma a la petición que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Alfons López Tena elevó el viernes al Pleno de este órgano para que se abra expediente disciplinario a la magistrada y se dé conocimiento de su actuación a la Fiscalía "por si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito".
En la propuesta elevada al Pleno del CGPJ, López Tena pide también al Ministerio de Justicia que retire a Ingelmo la Cruz de Sant Raimon de Penyafort, condecoración que le fue impuesta el 21 de septiembre.
