BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justicia, el Consejo de la Abogacía Catalana y el Consejo de Colegios de Procuradores de Catalunya han acordado este miércoles excluir a las personas físicas y a las pequeñas empresas del pago de las tasas catalanas para "garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva".
El acuerdo ha sido posible tras semanas de negociaciones, después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avaló la aplicación de la tasa catalana, ha informado este miércoles en un comunicado la Conselleria.
Además, han decidido ampliar los supuestos que quedarán exentos del pago de la tasa: demandas de ejecución, reconversiones y las solicitudes de concurso; también han acordado mantener el mínimo de 60 euros y el máximo de 120 en la aplicación de la tasa.
Justicia se ha comprometido también con abogados y procuradores a que instará al Gobierno Central a que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se pueda incluir las tasas en los costes, es decir, que quien tenga que abonarla sea la persona jurídica que pierde el litigio.
Por tanto, el gravamen catalán se aplicará en los ámbitos civil y contencioso administrativo, dejando fuera el ámbito social y penal, así como a todas aquellas personas con derecho a asistencia jurídica gratuita.
