Los letrados defensores anuncian que recurrirán ante el Supremo para pedir la absolución de los tres procesados por la agresión
BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La madre del principal acusado de dejar en coma a un guardia urbano de Barcelona durante los altercados del 4 de febrero de 2006 en la calle Sant Pere més Baix de la capital catalana señaló hoy "el tinte racista" y las "irregularidades" que, a su entender, ha tenido el proceso desde el principio, y se mostró "escandalizada" con el tribunal, porque considera que el juicio ha sido "una vergüenza".
La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona condenó hoy a cuatro años y medio de prisión al principal acusado, Rodrigo Andrés L.H., de origen chileno, e impuso tres años y tres meses de cárcel a los otros dos procesados por dejar en coma al agente, el argentino Juan Daniel P.G. y el chileno Álex C.A., quienes han quedado inmediatamente en libertad al haber permanecido casi dos años en prisión preventiva.
Los altercados del 4 de febrero se han saldado con penas de entre un año y tres años y tres meses de cárcel para otras seis personas, acusadas a raíz del enfrentamiento con la Guardia Urbana durante el desalojo de un inmueble 'okupado' en el que esa madrugada se celebró una 'macrofiesta' ilegal que reunió a más de 1.000 personas.
Tras conocer la sentencia, Mariana H. explicó que "esperaba una condena mayor", aunque "no porque Rodrigo haya hecho nada", sino porque le parece que este juicio ha sido "una vergüenza". "Estoy escandalizada con el tribunal, creo que los jueces han querido quitar un poco el matiz racista que ha tenido la prisión preventiva a los chicos", señaló, y añadió: "Vamos a ir al Tribunal Supremo y yo estoy segura que ahí van a salir absueltos".
La madre de Rodrigo Andrés L.H. explicó que ha visto el proceso "bastante viciado desde el principio" porque "han habido muchas irregularidades". Mariana H. lamentó que durante este tiempo "la única versión estudiada haya sido la de la Policía" y que la acusación contra su hijo y sus dos compañeros respondiera a la posibilidad de que estuviesen "ilegales" en España, "lo cual no era así".
Para Mariana H. "todo esto ha tenido un tinte racista desde el principio". "Yo siento mucho que en una ciudad como Barcelona haya sucedido una cosa así, creo que esto no debe volver a pasar", afirmó. "Aquí ni la Policía ni el Ayuntamiento de Barcelona han querido investigar, y eso es una vergüenza para Barcelona", concluyó.
"SERIAS ESPERANZAS" DE LIBERTAD.
Por su parte, el abogado defensor de Rodrigo Andrés L.H. apuntó, tras conocer el fallo, que es la primera vez que tiene "serias esperanzas" en que el joven salga en libertad, aunque explicó que "puede ser hoy o puede ser en mayo", ya que el límite legal de cumplimiento previsto en su caso --dos años y tres meses de prisión-- finaliza el día 4 de ese mes.
Para el letrado, Gonzalo Boye, no existe riesgo de fuga y, por ello, cree "que la Sala tomará una decisión ajustada a derecho y decretará su libertad", tras la celebración esta mañana de la vista para decidir sobre la situación del joven. Rodrigo Andrés L.H. ha permanecido en prisión provisional hasta el día de hoy, a diferencia de Juan Daniel P.G. y Álex C.A., que fueron excarcelados el 15 de enero a la espera de sentencia.
Boye anunció hoy verbalmente que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, ya que entiende que "la sentencia correcta es la absolución" y no la "solución intermedia" por la que se ha decantado la justicia. Según el letrado, se ha desvirtuado "la presunción de inocencia" de Rodrigo Andrés L.H. "y eso hay que intentar recuperarlo ante el Supremo" porque el joven "no hizo nada".
En cuanto a la indemnización que Rodrigo Andrés L.H. deberá pagar al agente en coma --que sigue en estado vegetativo dos años después-- y a su familia, que asciende a un total de 1.080.563 euros, Boye se mostró "convencido" de que el alto tribunal les va a dar la razón y de que el joven "no va a tener que pagar ninguna responsabilidad". "Aquí quedan muchas responsabilidades por depurar", concluyó.
Los abogados defensores de Juan Daniel P.G. y Álex C.A., por su parte, anunciaron que también recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo para pedir la absolución de los jóvenes. Los letrados Encarna López y David del Castillo se mostraron satisfechos con la puesta en libertad de los dos procesados, aunque lamentaron que hayan pasado dos años en prisión provisional.
