BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones que actuaron como observadores en el juicio contra tres jóvenes por presuntamente dejar en coma a un guardia urbano de Barcelona han detectado diversas "irregularidades" durante la instrucción del caso, y algunas de ellas durante la vista oral, en la que estuvieron presentes.
El suceso ocurrió la madrugada del 4 de febrero de 2006 en la calle Sant Pere més Baix, en el distrito de Ciutat Vella, cuando una fiesta masiva en un edificio 'okupado' terminó con altercados. Los tres jóvenes fueron detenidos por presuntamente lanzar una piedra que hirió de gravedad al urbano. Desde entonces han permanecido en prisión preventiva, aunque dos de ellos fueron excarcelados tras el juicio de hace pocas semanas.
El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona (UB) y la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona (CDDP) del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) han emitido sendos informes en los que concluyen que el juzgado de instrucción y la Audiencia no se han mostrado "imparciales".
Entre las irregularidades que denuncian están el supuesto "impedimento" del efectivo derecho de defensa por la inadmisión de pruebas testificales y científicas, el mantenimiento de la medida de prisión preventiva o ciertos "juicios de valores".
Según el OSPDH, además de las instancias judiciales, también han cometido irregularidades la Fiscalía, el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana.
Como ejemplos, pusieron las declaraciones del entonces alcalde, Joan Clos, en las que decía que el urbano había quedado herido por una maceta lanzada desde el propio edificio, o el hecho de que los servicios municipales limpiaran la zona dificultando así la recogida de pruebas. Igualmente, el OSPDH recordó también las denuncias por supuestos malos tratos que los urbanos infligieron a los detenidos recogidos en un informe de Amnistía Internacional.
"PREJUICIOS IDEOLÓGICOS DEL TRIBUNAL".
La Comisión del ICAB remarcó que la Audiencia de Barcelona podía tener "un conocimiento prejudicial excesivo del fondo del asunto que podía afectar su apariencia de imparcialidad", ya que antes del juicio oral ratificó la prisión para los imputados y denegó la práctica de nuevas pruebas.
Los observadores manifestaron su "preocupación" por determinados "juicios de valor" que expresan "prejuicios ideológicos y convicciones previas del tribunal".
La comisión de abogados explicó que el personal sanitario que atendió al herido y algunos de los compañeros del urbano no tenían claro de dónde había venido el objeto que impactó contra el urbano. También protestó porque no se examinara de nuevo al herido, en estado vegetativo dos años después.
Aunque la comisión admite que durante la vista oral "no se produjeron incidencias de carácter grave que afectaran la apariencia de imparcialidad del tribunal", sí criticó que se interrumpiera el uso de la palabra a los abogados de la defensa y que no se garantizara la incomunicación entre los urbanos que tenían que testificar.
Aparte de estas dos organizaciones, al juicio también asistieron como observadores la entidad Justicia i Pau, un jurista del Tribunal de La Haya, los embajadores en España de Argentina y Chile, las Madres de la Plaza de Mayo y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno. La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona dará a conocer mañana la sentencia sobre este caso.
