La ley introduce el 'silencio positivo' y crea un registro de lobbies y un portal
BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlament aprobará en el último pleno del año, previsto para el miércoles 17 de diciembre, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tras más de dos años de trabajo, ya que sus trabajos se iniciaron en la anterior legislatura y tuviera que empezarse de nuevo tras el adelante electoral de 2012.
Pese al consenso mayoritario de los grupos alrededor de la norma tras reunirse este jueves por la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara, mantienen vivas enmiendas parciales que, en consecuencia, llegarán al pleno.
La ley tiene como objetivo regular y garantizar la transparencia de la actividad pública así como el derecho de acceso de las personas a la información pública, y se establece que entrará totalmente en vigor a los seis meses de su aprobación mientras que en materia de "publicidad activa" se alarga el plazo hasta un año.
En este medio año, el Govern deberá aprobar un plan estratégico para adaptar la administración general de la Generalitat a la ley, lo mismo que el Parlament, aunque tendrá un ámbito propio de legislación porque dispone de "plena autonomía e independencia".
También se introduce como novedad en el Estado el 'silencio positivo', que obliga a las administraciones a facilitar la información que se le solicite si, en el plazo de un mes, no han respondido, dando como admitida así la petición del ciudadano.
COMISIÓN PARA ACCEDER A INFORMACIÓN
Además, prevé la creación de la Comisión del Derecho al Acceso a la Información, que integrarán entre tres y cinco miembros designados por el Parlament, para evitar que el ciudadano recurra al contencioso-administrativo para acceder a una información que no obtenga.
El impulso de dicha comisión debe realizarse en un plazo máximo de cuatro meses desde la aprobación de la ley y se define como un órgano independiente que no depende orgánica ni jurídicamente de la Generalitat.
La ley crea también un registro único de lobbies y grupos de interés para regular y "normalizar" su relación con la administración, los cuales deberán seguir un código de conducta para evitar ser sancionados o vetado, como privándoles de los concursos de contratación pública.
Otra de las iniciativas que recoge es un portal de transparencia, en el que todos los que tengan relación con la administración pública y accedan a recursos públicos tendrán la obligación de volcar los datos, y se podrá acceder así al registro de contratos y de convenios suscritos por la Generalitat.
RIBÓ EVALUARÁ SU APLICACIÓN
En relación a las empresas privadas con concesiones de servicios públicos básicos, también estarán obligadas a cumplir con la ley, así como los partidos políticos, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, evaluará la aplicación general de la norma.
En rueda de prensa en el Parlament, el diputado de CiU Lluís Corominas ha resaltado la importancia de la aprobación de una ley que, a su juicio, conllevará cambios estructurales y mejoras de la calidad democrática.
En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de ERC Gemma Calvet, tras apuntar que la norma pretende "que nadie se escape de la transparencia" y pedir que sea acatada inmediatamente por todo el mundo.
