BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles establecer el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
El decreto ley ha salido adelante con los votos a favor de JxCat y ERC, y con las abstenciones de Cs, del PSC, de los comuns y de la CUP.
La consellera de Salud, Alba Vergés, ha abogado por utilizar "todas las herramientas e instrumentos" a su alcance para minimizar la propagación del coronavirus y ha pedido la cooperación de las administraciones públicas y de la ciudadanía además de velar por la protección ante la pandemia de manera colectiva y no individual.
Entre otras medidas, el decreto distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, establece órganos sancionadores que corresponden a los ayuntamientos y fortalece las funciones del Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Catalunya (SUVEC) para el personal sanitario multidisciplinario, buscando la "anticipación y la actuación solidaria".
Por su parte, el diputado de Cs Matías Alonso ha reprochado que inicialmente no se le diera la debida importancia a la pandemia y ha defendido que el decreto es un intento lícito y lógico para afrontar los "probables" incumplimientos por parte de personas físicas y jurídicas de las medidas de seguridad ante el coronavirus.
Desde la bancada del PSC, Assumpta Escarp ha defendido que un marco normativo y jurídico claro para los que incumplan las indicaciones de prevención ante el coronavirus es un deber, aunque ha puesto en valor la actitud "de gran responsabilidad y de gran solidaridad" por parte de la ciudadanía a la hora de cumplir las medidas de seguridad epidemiológica.
La diputada de los comuns Marta Ribas ha puesto en duda el funcionamiento del nuevo régimen sancionador ya que, a su parecer, ha habido falta de trabajo conjunto, falta de diálogo con las demás administraciones y discrepancias con el Ayuntamiento de Barcelona en la elaboración del decreto.
Para la 'cupaire' Maria Sirvent, el contenido del decreto genera sensación de indefensión jurídica y contiene algunos puntos sancionadores que ejercen cierto "abuso de poder" hacia la ciudadanía.
Según la diputada del PP Esperanza García, es urgente aplicar un régimen que sancione las conductas irresponsables que pongan en peligro la seguridad de la ciudadanía ante el coronavirus, pero es "desacertado" el funcionamiento del nuevo régimen sancionador, competencia de la conselleria de Salud.
La republicana Montserrat Fornells ha defendido que el decreto pretende proteger el derecho a la vida y a la integridad física de la ciudadanía y ha apelado a la responsabilidad, a la cooperación ciudadana y a la conciencia colectiva para poder evitar medidas más estrictas en un futuro.
Pese a que el diputado de JxCat Josep Riera ha lamentado que las medidas afecten al desarrollo normal del día a día de la ciudadanía, ha argumentado que "no son tiempos para probaturas sociológicas de mayor profundidad" y ha defendido que el nuevo régimen da respuesta a los requerimientos de la actual situación epidemiológica y ha justificado su validez jurídica.
