La CUP pedía desobedecer el déficit de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el FLA
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una moción de la CUP que llamaba a "detener todo diálogo político con el Estado español que no tenga como condición previa el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión, la liberación de los presos y el libre retorno de exiliados".
Los 'cupaires' se han quedado solos defendiendo este punto de la moción y el que reclamaba "avanzar unilateralmente en el ejercicio de la autodeterminación", sin aceptar las limitaciones del marco jurídico español, puesto que JxCat y ERC --que habían presentado enmiendas al texto que no se han aceptado-- se han abstenido.
Los dos grupos que apoyan el Govern tampoco han respaldado la exigencia de desobedecer el límite de déficit que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Sí que han prosperado los apartados que reclaman elaborar "una cartografía de la represión que se ha vivido en Catalunya" desde el 1 de octubre de 2017 --fecha del referéndum--; que la Generalitat se persone como acusación particular en las causas de presunta vulneración de derechos civiles y políticos, y en la expulsión del espacio público de expresiones fascistas, nazis, machistas, racistas y homófobas.
El diputado de la CUP Carles Riera, que ha defendido la moción, ha reconocido que "ha suscitado muy poco consenso", incluso entre los grupos independentistas, y ha reprochado a JxCat y ERC que respalden las movilizaciones contra el juicio al 1-O junto a la ANC y Òmnium
"Nos parece una contradicción que con una mano apoyen estas iniciativas y con otra no quieran instar al Govern a llevar a cabo estas acciones", les ha recriminado.
Asimismo, ha situado la desobediencia y la unilateralidad como "lo único que puede crear la condición para un diálogo bilateral efectivo" con el Estado.
Para los 'cupaires', avanzar unilateralmente en la autodeterminación es la vía para incorporar y garantizar derechos sociales para todo el mundo, sin aceptar las "limitaciones que puedan imponer" las instituciones del Estado.
Por eso incorporaban en la moción que se garantice el derecho a la vivienda "expropiando las viviendas vacías en manos de grandes tenedores" a favor de un parque de vivienda social, pero sus votos y los de los comuns han sido insuficientes frente al 'no' de Cs, PSC-Units y PP, y la abstención de JxCat y ERC.
También planteaban aplicar un salario mínimo de 1.200 euros en todas aquellas contrataciones que dependan de la Generalitat; garantizar la plena igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, y recuperar la soberanía pública de las infraestructuras públicas y los recursos estratégicos, así como los servicios públicos básicos.
