LLEIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Siete años después de la muerte de ocho personas al caer un helicóptero en Torallola (Lleida), la Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral en el que pedirá cinco años y nueve meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, responsables de la empresa a la que pertenecía el aparato, por ocho homicidios por imprudencia y otro delito contra los derechos de los trabajadores.
Los ocho ocupantes quedaron calcinados. Eran el piloto, Vicenç Félix Rosselló; el copiloto, Jordi Escuté; los empleados de Eléctricas Helcosa Víctor Corredor y Julio Hernández; un director técnico de Fecsa Endesa, Luis Peláez; la delegada de la Conselleria de Industria en Lleida, Divina Esteve Quintana; el jefe de Energía de la Generalitat en Lleida, Santiago Sánchez-Villacañas, y el técnico de la Conselleria Francesc Franch.
Según el fiscal, el aparato, un Augusta Bell 205, salió a las 9.40 horas del 14 de junio de 2002 del aeropuerto de Sabadell (Barcelona) con los dos tripulantes y dos pasajeros para realizar un estudio termográfico de las líneas de alta tensión. En Lleida recogieron a los otros cuatro pasajeros, se dirigieron a la estación de esquí de Baqueira Beret para repostar combustible y volvió a Lleida.
Sobre las 13.15 horas, en el Turó de Santa Magdalena, en Torallola, con un vuelo nivelado y sin ninguna "circunstancia meteorológica o de pilotaje", el cono de cola se separó del resto del fuselaje "fruto del deficiente estado de mantenimiento del helicóptero", por lo que el aparato comenzó a girar sobre sí mismo hasta impactar contra el suelo.
La Fiscalía sostiene que la causa inmediata del siniestro fue la ruptura del cono de cola del helicóptero debido al mal estado de la misma y del aparato en general y a irregularidades en la documentación de la aeronave.
Entre estas irregularidades estaban la falta de revisiones y la recomposición del aparato con piezas de "chatarra" de otros helicópteros.
En su argumentación, la Fiscalía insiste en que los cuatro acusados "eran conocedores del cúmulo de irregularidades" que tenía el aparato "y todos ellos disfrutaban de facultades para ordenar que la aeronave suspendiese sus actividades de vuelo".
En su escrito de acusación, Fiscalía acusa al administrador de Helieuropa Services, al director técnico, al director de calidad y al técnico de mantenimiento de ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional, por los que pide cuatro años de prisión, y del delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que pide un año y nueve meses de cárcel más.
También tendrían que pagar una multa de 7.200 euros y serían inhabilitados seis años para ejercer la profesión.
Según el escrito del fiscal, todos los acusados deberán ser condenados conjunta y solidariamente a indemnizar a los familiares con 600.000 por la muerte de cada uno de los fallecidos, así como a la empresa Fecsa Endesa con 71.609 euros por los daños.
