La mujer será desahuciada mañana por orden de un juzgado civil
BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de tres años de prisión para el propietario de la finca del número 81 de la calle Rogent, en el barrio barcelonés de El Clot-Camp de l'Arpa, por acoso inmobiliario a una vecina, Rosa Tolón, la única inquilina del edificio.
Así lo explicó hoy la abogada de la acusación, Laia Serra, también impulsora de la Asociación de Afectadas por Mobbing Inmobiliario, que destacó que la petición del Ministerio Fiscal --en un escrito emitido esta semana-- demuestra que el comportamiento del propietario es constitutivo de un delito de coacciones continuadas desde hace 20 años.
El caso, en manos del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, será juzgado entre los "tres y ocho" próximos meses, y, en caso de confirmar la pena solicitada, ésta sería la mayor condena por un caso de 'mobbing' inmobiliario, según Serra.
No obstante, la mujer tiene una orden de desahucio para las 9 horas de mañana indicada por el Juzgado de Primera Instancia 42 de Barcelona, que avala la rescisión del contrato indefinido de la mujer pedido por el propietario, que también es administrador de fincas.
Durante la presentación de la Asociación de Afectadas por Mobbing Inmobiliario, Tolón explicó que su familia empezó a vivir en la finca hace 100 años y que el acoso inmobiliario comenzó hace 20, cuando el propietario empezó a descuidar el estado del edificio.
Este descuido le causó multas "irrisorias" de 1.900 euros en total, explicó Serra, que relató que para atemorizar a la vecina, el propietario dejaba los accesos abiertos para que pudieran entrar individuos.
Hace tres años cortó el agua de la vivienda de la vecina, que vive con la cocina apuntalada en condiciones infrahumanas, explicó la abogada, que intenta frenar el desahucio civil, alegando que resulta antijurídico que el incumplimiento de los deberes del propietario le acaben beneficiando, y que el hecho puede constituir un delito.
Respecto al incumplimiento de los deberes del propietario, lamentó que el propietario se haya podido acoger al artículo 118.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que señala que el hecho de que las obras de mantenimiento excedan el 50 por ciento del valor de la finca, excluyendo el solar, se puede considerar motivo de resolución del contrato indefinido.
Insistió en que la argumentación es "totalmente fraudulenta", y es una paradoja que Tolón iniciara un proceso reclamando que se hicieran las obras de mantenimiento de la finca y acabe con el contrato rescindido de la vivienda, por la que pagaba 100 euros de alquiler, donde nació y donde tiene un pequeño negocio --una cestería--.
Además de la querella criminal que presentó el año pasado, Tolón ha presentado dos demandas civiles, una queja ante el Síndic de Greuges y varias ante la administración local.
La abogada confió en que la juez que ha ordenado el deshaucio lo frene, al menos hasta que el juzgado penal se pronuncie acerca del caso. Señaló que en Barcelona se han presentado hasta seis querellas criminales por casos de 'mobbing' inmobiliario.
Desde que Tolón denunció la situación, numerosos vecinos y activistas han dado su apoyo a la mujer. De hecho, el 31 de marzo una veintena de personas irrumpió en la sede del Distrito de Sant Martí de Barcelona para pedir la retirada de la orden de desahucio que pesa sobre la mujer.
