Bondia: "Es el momento de reivindicar las luchas de generaciones anteriores en derechos humanos"
BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) ha entregado este martes al Govern el Plan de derechos humanos de Catalunya 2020-2023, un conjunto de acciones legislativas, administrativas y políticas elaboradas con participación ciudadana para hacer efectivos estos derechos, que reivindica que están "vinculados a las necesidades" y no a la disponibilidad de presupuestos.
Lo han explicado en rueda de prensa el síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), David Bondia --dos instituciones que forman la EDHC por mandato del Parlament--, que han marcado un plazo de seis meses para construir un sistema de indicadores que evaluará la situación de cada derecho y detectará necesidades, como un "norte" para ver si se avanza.
Ribó se ha mostrado satisfecho con este primer encuentro con el presidente del Govern, Quim Torra, y los miembros del Ejecutivo catalán, en el que ya ha habido consellers que le han pedido ponerse a trabajar en los indicadores, y ha explicado que la tarde de este martes lo llevará al presidente del Parlament, Roger Torrent.
Sobre estos indicadores, cada conselleria deberá aplicar medidas, que serán seguidas por parte de la EDHC para dar continuidad al plan para el que esperan un compromiso y que cada conselleria lo vaya aplicando progresivamente, y ha lamentado: "En general, parece que vivimos en una época de regresión de derechos", para lo que ve como representativo que haya nueve líderes de movimientos políticos y sociales presos.
El plan cuenta con 32 derechos alrededor de seis dimensiones de la democracia: así, el bloque de la democracia igualitaria incluye el derecho a la salud y el bienestar, a la educación, trabajo, vivienda, sostenibilidad, medio ambiente, integridad personal, seguridad vital, consumo responsable y a vivir con dignidad al final de la vida.
Este bloque incluye medidas como garantizar la educación hasta los tres años, que la atención primaria sea el eje vertebrador del sistema sanitario, establecer normativamente obligaciones para incrementar un parque de vivienda público, aprobar una nueva ley de territorio, crear un órgano independiente a la policía para denuncias de "actuaciones desproporcionadas y reconfigurar el trabajo parcial, entre otras.
Completan los seis bloques el de la democracia plural --con derechos como la libertad de expresión--, la democracia participativa --participación y lucha contra la corrupción--, la democracia paritaria e interseccional, derechos de las mujeres y LGTBI--, la democracia de los niños --a la familia, la protección y a un nivel de vida adecuado-- y la democracia garantista --a una fiscalidad justa y a la paz--.
Bondia ha reflexionado: "Se nos puede decir que igual, hoy día, con la regresión de derechos que hay en nuestra casa no es el mejor momento para hacer un plan de derechos humanos de Catalunya. Nosotros pensamos que sí, que ahora es el momento de empezar a reivindicar las luchas de generaciones anteriores en materia de derechos humanos".
Ha llamado a una reivindicación mestiza y feminista de estos derechos: "Ahora es el momento de empezar a hacer políticas de derechos humanos y de dejar de hacer políticas con derechos humanos. Ahora es el momento de una esperanza en derechos humanos", y esta esperanza se plasma en el plan, ha dicho.
SURGE DE LA CIUDADANÍA
Bondia ha señalado que desde el restablecimiento de la democracia, Catalunya nunca había tenido un plan de derechos humanos: "No es un plan de gobierno, no es un plan de partido, y no es una carta a los Reyes Magos", sino que es un plan que surge de una ciudadanía y que emplaza a las administraciones a trabajar junto a la EDHC y las entidades sociales.
Ha explicado que empezaron a elaborar este plan hace dos años y medio, empezando por hacer una carta de derechos y detectar los más vulnerados; siguieron encargando informes específicos de cada uno, buscando la participación ciudadana, y tras recoger las medidas, lo han presentado a las instituciones, tras lo que el último paso será hacer un seguimiento.
Ha destacado que el plan es innovador, y está impulsado desde la sociedad civil: "Vemos qué es lo que se está haciendo y se incorpora el trabajo de las entidades" en lugar de solaparse, y habilitó un espacio de debate para que hubiera participación directa de la ciudadanía, a diferencia del plan que planteó el Gobierno central en 2018, que rechazaron avalar por falta de participación.
DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
También ha cambiado la estructura clásica de derechos humanos que figura por ejemplo en la Constitución y que tiene a los derechos económicos, sociales y culturales como secundarios, lo que ha hecho que se hayan sufrido más vulneraciones y recortes: "Hemos caído en la trampa de mercantilizarlos, siempre nos han dicho que son derechos vinculados a los presupuestos, y nosotros decimos que no, que son derechos vinculados a las necesidades".
En este sentido, estipula que la ciudadanía y las instituciones sociales son titulares de derechos y responsabilidades, mientras que las administraciones lo son de obligaciones: "La administración más cercana tiene que ser la que garantice los derechos", y trata de que el plan sea algo vivo y práctico, y no solo teórico.
