8 de diciembre de 2019
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  • 13 de noviembre de 2019

    La plataforma 'Aturem la Llei Aragonès' ocupa la Conselleria de Trabajo en la calle Sepúlveda

    La plataforma 'Aturem la Llei Aragonès' ocupa la Conselleria de Trabajo en la calle Sepúlveda
    La plataforma 'Aturem la Llei Aragonès' ocupa la sede de la calle Sepúlveda de Barcelona de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat - EUROPA PRESS

    Los manifestantes aseguran que se quedarán hasta que se paralice su tramitación

    BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

    La plataforma 'Aturem la Llei Aragonès' ha ocupado la tarde de este miércoles la sede de la calle Sepúlveda de Barcelona de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat para pedir la paralización del Proyecto de ley de contratos de servicios a las personas en el que trabaja el Govern porque creen que privatizará servicios públicos.

    Unas 60 personas han entrado al edificio sobre las 18.00 horas, y han enganchado carteles en las paredes del 'hall' con el texto 'No a la privatización de los servicios públicos', así como a la entrada del edificio, y han gritado proclamas como 'Violencia es la Ley Aragonès' y 'No a la privatización'.

    En declaraciones a los medios, una portavoz de la plataforma, Mar Ampurdanès, ha avisado de que mantendrán la protesta hasta que se paralice la tramitación de la ley y piden que un representante del Govern acuda para dialogar con los manifestantes.

    "No pueden hacer llamadas públicas al diálogo y la negociación cuando no responden a las demandas que se les hacen", ha dicho la representante, que ha recordado que registraron una solicitud el pasado viernes y no han obtenido respuesta.

    Ampurdanès también ha aclarado que para iniciar un diálogo ven necesario que se paralice la tramitación de la ley, bautizada como 'Ley Aragonès'.

    SISTEMA PÚBLICO "YA DEGRADADO"

    La también portavoz Trini Cuesta ha visto el proyecto de ley como "un 'puntazo' más a un sistema público ya muy degradado", y ha asegurado que afectará a más de 200 servicios públicos relacionados con la sanidad, los servicios sociales y la educación.

    La plataforma --integrada por unas 40 organizaciones sociales-- considera que esta medida legislativa, impulsada por ERC, se está negociando "de espaldas a la ciudadanía" y con intención de dejar fuera del debate político a las organizaciones y movimientos sociales afectados, así como a la sociedad en su conjunto, por lo que ha emprendido diversas acciones de protesta en los últimos meses.

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