28 de noviembre de 2020
5 de febrero de 2020

El pleno del Parlament valida el decreto de medidas urgentes por el acceso a la vivienda

El pleno del Parlament valida el decreto de medidas urgentes por el acceso a la vivienda
El Conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet durante su intervención en la sesión plenaria del Parlament de Catalunya, en Barcelona (España), a 5 de febrero de 2020. - MARC BRUGAT - EUROPA PRESS

Obligará a ofrecer alquiler social a vulnerables que ocupen y pretende moderar el alquiler

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado por el Govern para combatir la emergencia habitacional, aumentar la cantidad de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a moderar los precios de alquiler privados.

El decreto ley se ha validado con los votos a favor de los grupos que apoyan al Govern (JxCat y ERC), además de los comuns y la CUP, mientras que PSC-Units se ha abstenido, y Cs y el PP han votado en contra --Cs, PSC-Units, CUP y PP querían tramitar el decreto ley como proyecto de ley, pero el pleno lo ha rechazado--.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha defendido que este decreto aprobado por el Govern el 23 de diciembre es una herramienta imprescindible que "da respuesta, no total pero sí firme y transversal, a las necesidades de la sociedad catalana".

LAS NOVEDADES

El decreto establece que los grandes tenedores deberán ofrecer un alquiler social antes de demandar judicialmente a familias que acrediten su situación de vulnerabilidad; también a las lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante.

Para combatir las situaciones de emergencia residencial, se amplía la duración del contrato de alquiler social obligatorio que deben ofrecer los grandes tenedores: pasa a ser de tres a cinco años si se trata de una persona física, o de tres a siete años si es jurídica.

Además, implementará medidas para movilizar edificios con obras inacabadas con el fin de generar más vivienda asequible, si tienen finalizados el 80% de los trabajos, para acabarlos y destinarlos a alquiler social, ha destacado el conseller.

La norma establece que la vivienda protegida tendrá un módulo único de un mismo precio, e incluye medidas para moderar precios de alquiler, aunque las competencias de la Generalitat en este ámbito son limitadas, según Calvet: "Actuamos ante las dinámicas inflacionistas del mercado de alquiler".

Lo harán mediante el Índice de Referencia del precio de alquiler: deberá constar en los anuncios de viviendas de alquiler y en los contratos, y ningún propietario que alquile su vivienda por encima de este índice podrá recibir a ayudas y subvenciones de la Generalitat para esa vivienda.

Calvet ha recordado que el nuevo Gobierno central está abordando la limitación de los precios del alquiler --"bienvenida cualquier reflexión que se haga" en este ámbito--, y ha destacado que la Conselleria de Justicia y la suya trabajan para acordar un nuevo decreto que regule estos precios --el Govern llevó uno a votación del pleno pero se rechazó--.

El decreto prorroga seis años el ejercicio del derecho de tanteo y retracto para administraciones y entidades del tercer sector --su derecho preferente a adquirir un inmueble para vivienda asequible--, alargándolo hasta 2027, ha detallado Calvet, que ha explicado que la Generalitat ha adquirido 3.000 viviendas por esta vía desde 2015 para el parque público.

POLÍTICA URBANÍSTICA Y VIVIENDA

Además, la normativa prevé "ligar más" la política urbanística con la de vivienda --priorizando que los ayuntamientos destinen solares de cesión a vivienda protegida de alquiler--, e incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios, para resolver necesidades temporales de alojamiento para familias en riesgo de exclusión.

DEBATE EN EL PLENO

Calvet ha defendido que Catalunya necesita renovar su legislación sobre vivienda con una visión completa y ordenada que parta de la multitud de herramientas de la que dispone, por lo que ha apostado por "construir una nueva ley de referencia en materia de vivienda" y renovar el Pacte Nacional per l'Habitatge.

Antoni Morral (JxCat) ha criticado las políticas de vivienda del Gobierno central en el pasado --ha ironizado con que algunos deberían estar en prisión por haber vulnerado un derecho constitucional--, y José Rodríguez (ERC) ha cargado también contra el Ejecutivo central: "Gobierne quien gobierne en la Moncloa, seguirá dificultando estas políticas".

Desde Cs, Sergio Sanz se ha preguntado si el decreto persigue los objetivos que esgrime el Govern o un titular de cara a las elecciones, porque cree que ha demostrado que tiene otras prioridades, y Rosa Maria Ibarra (PSC-Units) ha tachado la norma de incompleta y ha acusado al Govern de "pasar la pelota" a los propietarios de viviendas en vez de asumir su responsabilidad y liderar soluciones.

Susana Segovia (comuns) ha dicho que las medidas más importantes del decreto "se han conseguido por la presión social" y de entidades como las del Grup Promotor de la Llei 24/2015, algo que también ha subrayado Maria Sirvent (CUP), que ha pedido medidas más contundentes, tras lo que Santi Rodríguez (PP) ha criticado que se busquen las soluciones por la vía de la regulación y que se "legitime la ocupación sin título habilitante" con el decreto.