Este año ya se han registrado más crisis empresariales que en todo 2018
BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha alertado este jueves de que en lo que va de 2019 se están registrando datos "preocupantes" relacionados con los concursos de acreedores.
En una comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlament para presentar la Memoria judicial de 2018, ha destacado que el citado año acabó la tendencia a la baja de estas crisis empresariales registrada desde 2014, y que el año pasado ya hubo 1.483 concursos de acreedores, lo que supuso un incremento del 38,99% respecto a 2017.
En lo que va de año, Barrientos ha asegurado que este mismo indicador de posible crisis económica arroja datos peores y que en los tres primeros trimestres de 2019 ya ha habido más de 1.500 concursos, mientras que su previsión para el fin de este año es alcanzar entre 2.800 y 2.900 concursos de acreedores.
Catalunya registró 1.636 concursos en 2014 y 1.224 en 2015 --un descenso del 25,18%--, mientras que hubo 1.103 en 2016 y 1.067 en 2017 --una reducción del 3,26%--.
Otro dato vinculado a la situación económica son los procedimientos por despido, que entre 2017 y 2018 crecieron un 3,75%, pasando de 18.275 a 18.960.
ACTIVIDAD Y RECURSOS
Barrientos también ha explicado que en 2018 se registró un incremento del 3,89% de los procedimientos ingresados, llegando a los 933.419, y ha recordado que en 2017 ya hubo una subida --un 5,74% con 898.467-- tras registrarse descensos desde 2014.
Pese a este cambio de tendencia, ha resaltado que la organización judicial "no ha experimentado el mismo incremento o refuerzo en dotación", y ha subrayado que su proyección para el final del año 2019 es que los asuntos ingresados en los juzgados ascienda a 996.033.
Además, ha señalado que la tasa de resolución de asuntos arroja un "dato verdaderamente preocupante" porque desde 2017 se situó por debajo de 100%, es decir, se resuelven menos asuntos de los que reciben los jueces.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
La diputada de Cs Maria Valle ha subrayado que el incremento en Catalunya de los concursos de acreedores está "muy lejos" del dato registrado en el conjunto del Estado --un 9,05%--, y también ha resaltado que se fueron del territorio catalán 48 jueces.
Ha lamentado que la economía empeora mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con sus actos lo que hace es "asustar a las empresas", y ha criticado que el Govern en lugar de impulsar ayudas a los necesitados destine fondos a TV3, momento en el que la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Carmen de Rivera (Cs), le ha pedido que volviera al objeto de la comparecencia --la Memoria de actividad judicial--.
La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha resaltado que la administración de justicia "no puede funcionar bien si no tiene los recursos" humanos y materiales necesarios y también ha preguntado por el poco uso del catalán en las sentencias, según los datos que contiene la Memoria.
La diputada de los comuns Yolanda López también ha planteado si los indicadores sobre concursos de acreedores pueden suponer la "gestación de una recesión económica".
El diputado de la CUP Vidal Aragons también ha cuestionado si algún acuerdo permite que agentes de la Policía Nacional estén presentes en interrogatorios "encapuchados", y le ha reprochado que en la Memoria escrita en catalán hubiera faltas de ortografía.
La diputada del PP Esperanza García ha preguntado por los motivos que "causan una elevada tasa de denegación de órdenes de protección" de víctimas de violencia machista en los juzgados catalanes.
El diputado de ERC Jordi Orobitg ha pedido a Barrientos que justificara con datos estadísticos el dispositivo Toga, de vigilancia de edificios judiciales por parte de Mossos d'Esquadra --a lo que el presidente del TSJC ha respondido que fue una orden proporcional y efectiva ante acciones vandálicas de CDR en sedes judiciales--.
El diputado de JxCat Eusebi Campdepadrós ha considerado al valorar datos de la memoria que, si bien tienen que cumplirse las órdenes de desahucio, tiene que haber coordinación con los servicios sociales.
