BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un juez de la Audiencia Nacional ha procesado al empresario José Mestre por ser la "persona clave" en la utilización del Puerto de Barcelona para introducir entre 1.700 y 2.220 kilos de cocaína procedentes de Panamá, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Según ha avanzado este martes 'La Vanguardia', en junio de 2011 la Audiencia Nacional dejó en libertad al empresario, al que llamaban 'Don', con una fianza de 10 millones de euros, y ahora el juez lo ha procesado junto a otros once presuntos miembros de una red de narcotráfico.
Mestre fue detenido en junio de 2010 cuando era director general de Tercat --una de las mayores empresas del puerto de Barcelona-- y, a la vez, llegó a sufragar un 30% de los gastos de la operación para introducir los estupefacientes a través de contenedores aparentemente de chatarra.
Y es que, según el auto, el embrión de la operación policial, iniciada por la agencia británica encargada de investigaciones sobre grandes organizaciones criminales, Soca, se encontraba en Chatarras Cano S.L, situada en Campo Real (Madrid) y gestionada por el también procesado Higinio A.
El Soca alertó a la policía española de "la existencia de una organización que estaría en disposición de gestionar, recibir y distribuir una importante cantidad de estupefaciente", por lo que se hizo un seguimiento de los sospechosos y se intervinieron sus teléfonos móviles.
Las conversaciones, que reproduce la interlocutoria, ilustran los viajes y reuniones de supuestos miembros de la trama en Madrid y Barcelona, algunos de ellos colombianos, para organizar el golpe, las cuales conducen al día del desembarco de la droga en Barcelona el 22 de junio, cuando fue intervenida por la policía.
Según el texto, en el contenedor --iba a nombre de Chatarras Cano S.L-- se encontraron hasta nueve mochilas negras en cuyo interior había paquetes envueltos en celofán marrón con cocaína con un peso de 203.800 gramos, lo que habría reportado 140.660.000 euros de beneficios.
El juez ha considerado que se trata de una "organización criminal con una estructura jerarquizada y reparto de las funciones asignadas a cada uno" que pretendían crear una estructura estable traficar ilícitamente con droga procedente de América Latina.
El auto destaca la función del mejicano Héctor M. con "importantes contactos" en Colombia y Panamá, y que supuestamente era el encargado de preparar una infraestructura en España de apariencia legal para enviar droga, a través de personas de confianza como Sandra S. y Dioniso C.
El magistrado ha considerado que los hechos pueden ser constitutivos de un "delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia", por lo que impone una fianza de 150 millones de euros a abonar de forma solidaria o bien el embargo de los bienes para cubrir esta suma.
