Es la primera ILP que llega al pleno esta legislatura
BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La proposición de ley para una renta garantizada de ciudadanía continúa su trámite en el Parlament puesto que ningún grupo ha presentado enmiendas a la totalidad al texto, una vez hecho el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre esta materia.
Esta ILP, la primera que llega al pleno esta legislatura y que recogió 121.191 firmas, pide establecer una prestación económica mensual para garantizar que nadie viva bajo el umbral de la pobreza, situado en 12 pagas de 664 euros, cantidad que equivale a la del indicador de renta de suficiencia, que debe revisarse anualmente.
Los miembros de la comisión promotora, Diosdado Toledano y Sixte Garganté, han advertido de que la pobreza no puede esperar y han instado a la Cámara catalana a legislar a favor de la justicia y la cohesión social o crecerá la pobreza y la desigualdad.
Toledano ha criticado que el Govern haya guardado en un cajón este proyecto durante años, por lo que "es la hora de la reparación para evitar que continúe esta tragedia humana", y ha coincidido con Garganté en que no puede haber una Catalunya libre y democrática sin cohesión social.
La diputada de CiU Anna Figueras ha reivindicado que los gobiernos de la federación han apostado por la construcción y consolidación del Estado del Bienestar lejos de los que les acusan de "insensibilidad social", y ha avanzado que en el trámite parlamentario propondrán un modelo que sea aplicable, sostenible y basado en la reinserción social y laboral.
El diputado de ERC Oriol Amorós se ha comprometido a que del debate salga el cumplimiento del mandato estatutario para garantizar unos "mínimos" de una vida digna, pero que para ello hay que reordenar el mapa de rentas, crear un único órgano gestor y plantear incentivos para la inserción laboral, entre otras políticas.
Desde el PSC, la diputada Eva Granados ha acusado al Govern, al PP y ERC de ser "insensibles" a las demandas de los que menos tienen, tras el decreto de 2011 que revisó las condiciones para acceder a la Renta Mínima de Inserción (RMI), y ha sostenido que una renta garantizada de ciudadanía y cualquier medida que suponga un aumento del poder adquisitivo de las personas es una manera de reactivar la economía y generar riqueza.
Tras criticar también la restricción de acceso al RMI, la diputada de ICV-EUiA Laura Massana ha alertado del aumento del número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, por lo que ha apelado a actuar creando una prestación única que garantice la salida a esta situación y a implementar reformas fiscales y de persecución del fraude fiscal, entre otros capítulos, para conseguir que la renta garantizada de ciudadanía sea una realidad: "No hay culturas del subsidio más grande que el de la banca".
UN REFERÉNDUM
El diputado de la CUP David Fernández ha llamado a dejar de rescatar bancos y empezar a defender a las personas, a cumplir con el Estatut, y ha negado los argumentos de que no hay nada que hacer y que no hay alternativa a la cultura del subsidio: "Ni que sea, que nos movilice la vergüenza, y si no tendremos que pedir que esto se vote en un referéndum, con Tribunal Constitucional o no".
Pese a discrepar en muchos de los aspectos de la ILP, el diputado del PP Rafael López ha argumentado la necesidad de combatir el incremento de la pobreza, teniendo en cuenta que es "más severa y se hereda", y ha expresado así la disposición de su grupo de negociar lo que sea necesario dentro de la discrepancia.
El diputado de C's José María Espejo ha defendido el derecho de las personas de acceder a una renta que garantice los mínimos de una vida digna, y ha incidido en que para combatir la pobreza hay que luchar contra el paro, lo que evitará que se cronifique y permitirá que la ayuda sirva para pasar de la exclusión a la vida activa.
