27 de mayo de 2019
  • Domingo, 26 de Mayo
  • 30 de abril de 2014

    El PSC de Barcelona llevará a los tribunales el acuerdo de externalizar 26 aparcamientos

    El pleno rechaza la petición socialista de suspenderlo con los votos de CiU, PP y UpB

    BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

    El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Gabriel Colomé, ha asegurado este martes que presentarán un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de externalizar la gestión de 26 aparcamientos municipales del centro de la ciudad, en el pleno extraordinario que ha desestimado su petición de suspenderlo.

    La externalización de la gestión de los 26 aparcamientos a través de la sociedad Barcelona d'Aparcaments Municipals (Bamsa) ha sido apoyada por los votos de CiU, PP y UpB --donde se integra ERC--, mientras que ICV-EUiA ha coincidido con el PSC en rechazarla.

    Colomé ha subrayado que la operación no responde al interés público porque el superávit del consistorio hace innecesarios los aproximadamente 160 millones de euros que se obtendrán con la externalización, y porque podría entorpecer las políticas de movilidad.

    La teniente de alcalde de Economía, Sònia Recasens, ha pedido al socialista que no lo recurran a los tribunales y que no confundan "discrepancias políticas con discrepancias jurídicas", y ha asegurado que el PSC no ha querido dialogar ni considerar los beneficios que el acuerdo puede aportar a la ciudad ya que lo rechazaron desde el inicio.

    El edil popular Javier Mulleras ha defendido la externalización y ha criticado que el PSC la plantee como una privatización de los aparcamientos: "Cuando gobiernan, lo llaman externalización; cuando no gobiernan, privatización".

    Desde UpB, Jordi Portabella (ERC) ha resaltado también que se trata de una externalización de gestión y no de una privatización de los aparcamientos, por lo que "no se entiende que se diga; no es verdad".

    El concejal ecosocialista Joaquim Mestre ha coincidido con el PSC en que la operación no responde al interés público y condicionaría las políticas de movilidad para regular el uso de vehículos privados en el centro de la ciudad, por lo que ha asegurado que "sólo está justificada desde su punto de vista ideológico".