Pide a la Mesa reconsiderar que las comisiones cuenten el voto de diputados suspendidos
BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha asegurado este martes que es "lógico" que el Gobierno central recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución que aprobó el Parlament la semana pasada en que se reprobaba a Felipe VI y se pedía abolir la Monarquía.
En rueda de prensa, ha sostenido que "tiene todo el sentido que el Gobierno, ante una decisión de una cámara autonómica de intentar decidir sobre la forma del Estado, recurra", y lo ha equiparado a los recursos del Gobierno de Mariano Rajoy contra leyes del Parlament que incumplían el Estatut y la Constitución.
"Cuando hay parlamentos que deciden sobre cuestiones que no son de su competencia, cada instancia tiene que tomar la responsabilidad que tiene", ha defendido.
DIPUTADOS SUSPENDIDOS
Granados ha criticado la decisión de la Mesa de seguir contabilizando el voto de los diputados suspendidos cuando haya empates en comisiones, y el PSC pedirá que se lo reconsidere.
Para ella, los votos en las comisiones se deberían contar con el mismo criterio que en el pleno, es decir, que si los diputados suspendidos de JxCat no pueden votar en el pleno, tampoco deberían contarse sus votos en las comisiones en caso de empate.
"En estos momentos un mismo texto que en el pleno del Parlament lo pierde el Govern, si lo presentan en una comisión lo ganan. Es inadmisible", ha sentenciado.
Ha advertido de que esto podría generar "inseguridad jurídica" durante las votaciones en comisión, y ha recriminado a JxCat y ERC que rechacen pedir un informe jurídico sobre esto.
Granados asegura que, en las comisiones presididas por el PSC, los socialistas no desobedecerán la decisión de la Mesa, pero, si hay empate, trasladarán al órgano director su desacuerdo con el criterio de los votos.
PROPUESTA SOBRE VIOLENCIA MACHISTA
El PSC presentará una propuesta en el Parlament para modificar el artículo 236.8 del Codi Civil Català para que, en casos de un proceso penal sobre violencia machista, no sea necesario el consentimiento del presunto agresor para que los hijos tengan asistencia psicológica.
La diputada Rosa Maria Ibarra ha defendido que, con esta modificación, para que los hijos reciban asistencia solo sería necesario el consentimiento de la víctima y el presunto agresor solo debería ser informado.
"Es de lógica que aquella persona que ha puesto a los menores en una situación crítica no puede ser que sea la que tenga que dar autorización para que estos menores reciban atención psicológica", ha dicho.
