BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exdirector general de Unipost Pablo Raventós ha declarado este miércoles como investigado ante el juez de Barcelona que investiga el referéndum del 1-O y ha asegurado que no se han cobrado las cinco facturas intervenidas en el registro en la empresa realizado por la Guardia Civil por trabajos encargados por la Generalitat que suman casi un millón de euros.
Según han indicado fuentes jurídicas, Raventós, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Jorge Navarro, ha explicado ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que se trataba de unas facturas proforma no registradas en el Registro Contable de la Generalitat y que no se han abonado, y que formaban parte del contrato marco firmado en 2015.
El último informe de la Guardia Civil sobre gastos destinados al 1-O para acreditar el presunto delito de malversación constata que estas cinco facturas correspondían a las consellerias de Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Salud y Trabajo y ascendían a 979.661,96 euros.
Concretamente, el informe detalla que los importes eran 196.696,98 euros para Cultura; 193.889,98 euros, para Vicepresidencia; 192.711,20 euros, para Salud; 197.492,04 euros, para Trabajo y 198.871,76 euros, para Presidencia.
La Guardia Civil constata que existieron dos intentos de cobro para el importe de 238.965,37 euros --que coincide con el importe con IVA-- que Unipost tenía confeccionada para el departamento de Trabajo, según dicho informe.
Además, consta que las notas de entrega intervenidas en Unipost fueron emitidas y registradas con el sello de salida en cada uno de los cinco departamentos de la Generalitat, "conociendo tanto el servicio que se estaba solicitando como el destinatario (Unipost) al que se daba la orden de pedido (nota de entrega)".
Según las fuentes consultadas, Raventós no ha mencionado en su declaración si su enlace con la Generalitat era el director de Patrimonio de la Generalitat dependiente de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias, quien firmó en representación de la Generalitat la ampliación del contrato marco que tenían con Unipost.
CORREO SOSPECHOSO
En las declaraciones de este miércoles también ha sido citado como investigado el que era jefe de operaciones de Unipost Felipe Andanuche, que ha explicado que simplemente un superior le pidió que preparara un operativo para certificados, sin dar detalles de quién era el cliente.
Entonces, él mandó un correo electrónico en el que daba instrucciones para preparar dicho operativo, pero que finalmente les dijeron que no iba a realizarse.
En el momento en que se registraron varias sedes de Unipost y se localizaron más de 45.000 certificados de notificación para el 1-O, el 19 de septiembre de 2017, él precisamente estaba de vacaciones, por lo que desconoce si ése era el envío que le pidieron preparar.
Según consta en el sumario del caso, un jefe de sección de admisión de Unipost aportó un correo del 15 de septiembre de Andanuche en el que le comunica que se prevé la llegada de unos certificados al día siguiente y que se han de procesar lo más rápido posible, por lo que interpretó que eran para el 1-O.
