Señalarán la "vinculación de la judicatura con el franquismo" al comparecer ante un juez de Madrid
BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los exdiputados de la CUP Eullia Reguant y Antonio Baños alegarán objeción de conciencia al declarar en el Juzgado de Instrucción 10 de Madrid, que les ha citado por presunta desobediencia al negarse a testificar en el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo (TS) ante las preguntas de la acusación popular de Vox.
En una rueda de prensa junto a Baños y la exconcejal en Barcelona Maria Rovira, Reguant ha asegurado que en su comparecencia judicial el 25 de febrero señalará la existencia, según ella, de una "vinculación de la judicatura con el franquismo" y con Vox.
Coincidiendo con la citación de Reguant el 25 de febrero, la CUP ha organizado una concentración de apoyo a la exdiputada, mientras que Baños tiene previsto declarar el 18 de marzo por videoconferencia --por motivos laborales no puede ir el primer día, ha explicado--.
Reguant ha recordado que Vox les citó como testigos en el juicio del TS y que no quisieron responder a sus preguntas, sobre lo que ha argumentado que "aceptar esta ideología discriminatoria, como expresaba la defensa de --Jordi-- Cuixart, ya marcaba la imposibilidad de obtener justicia".
Su objetivo fue y sigue siendo "mostrar cómo la presencia de Vox no se podía entender como una anomalía, sino como un elemento más de este engranaje del Estado", ha indicado.
También ha dicho que hay una "continuidad constitucional de Franco en el Estado" a través de los tribunales, ha criticado que hay jueces que muestran su apoyo a Vox en las redes sociales y ha puesto como ejemplo al que fue cabeza de lista del partido en Andalucía, Francisco Serrano, sobre quien ha resaltado que como juez fue apartado por mala praxis.
Reguant ha dado por hecho que irán a juicio porque no cree que un juez instructor "contradiga" al TS, pero ha asegurado que asumirán las consecuencias de su negativa a responder a Vox, por lo que pueden afrontar hasta un año de cárcel por desobedecer.
Tras oponerse a declarar a Vox, el presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, ya les impuso una multa de 2.500 euros a cada uno --que fueron sufragados con aportaciones de ciudadanos a la caja de solidaridad-- por incumplir la obligación de los testigos de responder a todas las partes.
Rovira ha añadido que "señalar a Vox es señalar las estructuras del Estado", ha apostado por evitar que los discursos de odio, racistas y machistas tengan presencia en la calle, y ha defendido la necesidad de una estrategia de izquierda rupturista y anticapitalista para plantear una propuesta política que mejore las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía.
