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Apuesta por que los cánones e impuestos los costeen las administraciones
BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha apostado este lunes por estudiar la posibilidad de que las personas con más recursos asuman una parte de la deuda energética de los usuarios vulnerables.
Ha propuesto el estudio de esta medida para que personas en riesgo de exclusión se acojan al decreto contra la pobreza energética, que por el momento impide cortes de los suministros básicos pero no condona el pago de las facturas.
Durante su comparecencia en la Comisión del Síndic de Greuges en el Parlament, Ribó ha abogado por seguir el mecanismo contra la pobreza energética que se utiliza en Bélgica, donde los usuarios con más recursos sufragan una parte de la deuda que se refiere al consumo --otra la pagan las propias suministradoras--, y la parte de la factura correspondiente a cánones e impuestos la asume la propia administración.
De este modo, ha abogado porque se condone la deuda a las personas vulnerables --una posibilidad que el Govern todavía no ha decidido-- y que se pague con la contribución de las administraciones, las suministradoras y los usuarios con más recursos.
Ha instado al Govern a "ser valiente para abordar el gran tema del decreto sobre pobreza energética y especificar quién se va a hacer responsable de su financiación", y también ha pedido que se defina bien el perfil de usuario que se considera energéticamente pobre, algo que para él ahora no queda claro.
Además, ha avanzado que está preparando un informe específico sobre tarifación energética, teniendo en cuenta la problemática actual, y ha aventurado que podría estar acabado antes de verano.
CAMBIO DE CONCEPTO
Durante su intervención, también ha reclamado un "cambio conceptual" en la renta mínima de inserción (RMI) porque la situación socioeconómica actual es muy distinta a la que había cuando se creó esta ayuda de subsistencia de unos 420 euros mensuales.
Ha pedido que esta prestación se reforme para convertirla en "más potente, efectiva y mejor gestionada", y ha censurado que el Govern se escude en argumentos presupuestarios para no pagar ayudas a personas con el derecho reconocido.
MÁS QUEJAS
Ribó ha recordado que desde 2009 se han incrementado las quejas de ámbito social que ha recibido la entidad que lidera, lo que evidencia que se están erosionando los derechos básicos de los ciudadanos, y ha advertido de la "deriva" que está sufriendo la ley de la dependencia, con graves afectaciones de los usuarios y las entidades del sector.
Sobre este ámbito, ha alertado de la "poca coordinación" que hay entre el Govern y el Estado, algo que también ocurre en muchos otros aspectos que implican atención a los ciudadanos.
REDUCIR EL TIEMPO
Ribó ha revelado que el organismo que lidera tarda "demasiado tiempo" en resolver una queja, con una media de 121 días, y ha pedido la complicidad de los distintos actores políticos, económicos y sociales para reducir esta cifra.
Concretamente ha solicitado que las administraciones y empresas que tengan una persona de contacto directo con el defensor del pueblo catalán en todos los niveles, lo que evitaría la actual burocracia "decimonónica", que alarga los procesos de resolución.
