21 de enero de 2021
20 de diciembre de 2010

Salt aprueba la moción para poder denegar el arraigo y reagrupación de extranjeros incívicos al Gobierno

Salt aprueba la moción para poder denegar el arraigo y reagrupación de extranjeros incívicos al Gobierno
SUSANA FARRERÓS

La propuesta recibió críticas de algunos inmigrantes que se presentaron al pleno con pancartas

SALT (GIRONA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento de Salt (Girona) ha aprobado este lunes una moción para reclamar al Gobierno que se deniegue la legalización por arraigo social y la reagrupación familiar a los inmigrantes que vulneren las ordenanzas cívicas. La propuesta, hecha por la coalición de gobierno de PSC y ERC, ha recibido 20 votos a favor y solamente uno en contra, el de ICV.

Tanto los ocho concejales de CiU como el del PP se han sumado a la propuesta del equipo de gobierno. Una iniciativa que partió del consistorio socialista de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y a la que se ha sumado el PP de Badalona (Barcelona).

La moción pide que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería establezca la necesidad de un informe positivo emitido por el ayuntamiento de residencia en los trámites de arraigo y reagrupación, y que éste sea vinculante. El municipio emitiría un informe negativo, atendiendo al principio de proporcionalidad, si comprueba que el solicitante ha sido sancionado por infringir ordenanzas municipales de civismo.

La alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda (PSC), ha insistido en que los ayuntamientos están legitimados a decir "la suya", ya que han acumulado experiencia y se ven capacitados para valorar "más allá del conocimiento de la lengua o de si una persona ha participado o no en actividades municipales".

"El arraigo no puede valorarse simplemente por el conocimiento de la lengua, tenemos que poder valorar el comportamiento incívico y queremos que nuestro informe sea vinculante", ha expuesto Pineda durante la presentación de la moción.

Así, el Consistorio liderado por Pineda apunta que "es del todo necesaria" la participación de todas las administraciones y de todos los ciudadanos para garantizar "la armonía, la calidad y el equilibrio" de las relaciones según las reglas básicas de convivencia de cada comunidad. Lamenta también que el incivismo de algunas personas en el espacio público o privado afecte la sensación de seguridad y civismo de los ciudadanos.

Aunque ha respaldado la moción, el líder convergente, Jaume Torramadé, ha recriminado al gobierno local que no presentara la propuesta en la mesa de convivencia y por ello le ha animado a dejar la moción sobre la mesa para debatirla más adelante. También ha lamentado que no se buscara un consenso previo a la presentación del texto.

CRITICAS DEL COLECTIVO INMIGRANTE

Algunos vecinos, la mayoría de origen inmigrante, han asistido al pleno con pancartas en las que se tildaba al gobierno local de racista y xenófobo. En el momento de la lectura de la moción, estas personas se han levantado y han mostrado sus pancartas. En ellas podían leerse frases como 'No a la discriminación institucional' o 'Menos ordenanzas de civismo, más recursos sociales'.

"Este es un día vergonzoso para Salt, esto es racismo puro y duro" ha gritado uno de los inmigrantes. Éste mismo le ha preguntado a la alcaldesa qué hará con un español cuando sea incívico.

Pineda ha pedido orden en la sala de plenos del ayuntamiento de Salt y aunque ya aparecían miembros de la policía local, los inmigrantes se han marchado sin necesidad de desalojar la sala. Incluso los mismos vecinos del municipio, también presentes en el pleno, han hecho callar a las personas que gritaban e impedían que pudiera se continuar con la sesión.

Por su parte, el PP de Catalunya impulsará en todos los ayuntamientos en los que tiene representación mociones para reclamar al Gobierno central que se deniegue la legalización por arraigo y la reagrupación a inmigrantes incívicos, previo informe municipal. Tanto el PP de Badalona como el equipo de gobierno socialista de L'Hospitalet de Llobregat presentarán una moción en este sentido en el pleno de este martes.

Por ahora, los municipios se limitan a acompañar las peticiones de arraigo y reagrupación --que autorizan las delegaciones del Gobierno-- con informes no vinculantes, y tampoco tienen acceso a las bases de datos de multas administrativas de los solicitantes. En el caso de la reagrupación, inspeccionan la vivienda para acreditar que está en condiciones de alojar a los familiares.