Asegura que dio "órdenes expresas" de no autorizar gastos por el 1-O
BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exconseller Santi Vila ha alegado que, desde el inicio hasta el final de su carrera política, su posicionamiento "siempre fue el de promover acciones políticas de consenso, contrarias a estrategias unilaterales", en el escrito de defensa por el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo (TS) por el proceso soberanista.
En el documento, recogido por Europa Press, los abogados Pau Molins y Juan Segarra también aseguran que el exconseller --que dimitió un día antes de la declaración de independencia del Parlament del 27 de octubre de 2017 y está acusado de malversación y desobediencia-- tiene un ideario político basado en el diálogo y que actuó en la creencia de que la acción política del Govern era para "dar cumplimiento a un compromiso adquirido y respuesta al sentimiento ciudadano existente".
Insisten en que Vila tenía el "convencimiento de que se encontraría una solución política dialogada al conflicto surgido entre ambos Gobiernos, el Autonómico y el Estatal", contexto en el que, como miembro colegiado del Govern presidido por Carles Puigdemont, firmó la convocatoria del 1-O.
Los letrados también detallan que la suspensión de la Ley y el Decreto del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional (TC) "provocó que inmediatamente se produjera el acuerdo entre los miembros" del Govern de no realizar acciones ni contrataciones públicas que supusieran destinar dinero público a la celebración de la votación.
Y aseguran que Vila, entonces conseller de Empresa y Conocimiento, "dio órdenes expresas en su Departamento de no autorizar ninguna contratación, gasto o pago público relacionado con la organización y/o celebración del Referéndum".
Ni la Conselleria de Empresa y Conocimiento dirigida por Vila ni colectivamente el Govern "llevaron a cabo gasto alguno tendente a la organización y celebración del referéndum", sostiene la defensa del exconseller, que añade que la consulta del 1-O se celebró sin ser financiada con dinero público.
INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA GENERALITAT
Los letrados recuerdan que "la tesorería y la gestión de pagos de la Generalitat de Catalunya se hallaba materialmente intervenida por el Ministerio de Hacienda desde el 17 de julio de 2017" y que este Ministerio certificó que no hubo gasto público en el referéndum.
La defensa de Vila pide como testigos a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; el exsecretario general de Empresa y Conocimiento Pau Villria; el exdirector de Servicios del Departamento Josep Sol, y la directora general de Contratación de la Generalitat, Merc Corretja.
Además, solicita que se aporten al TS las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, "siendo el procedimiento de donde provienen la totalidad de las actuaciones de la presente causa referentes al supuesto de delito de malversación".
Alega que estas diligencias generan indefensión y vulneran el derecho a la defensa, ya que no pudieron intervenir en el procedimiento de Instrucción 13 porque no eran parte procesal.
