BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha afirmado este martes en el Parlament que ve indicios que podrían constituir "responsabilidades penales" en la gestión del Memorial Democrático y Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) durante el Govern tripartito.
"Al menos de forma inicial, se pueden haber producido conductas irregulares que podrían comportar responsabilidades penales y, por tanto, --la Sindicatura-- no se puede pronunciar favorablemente sobre el cumplimiento de la legalidad en la ejecución del Programa --131--", afirma en las conclusiones del informe anual 'Programa 131, Participació Ciutadana i Qualitat Democràtica'.
La empresa Stoa asesoraba en la elaboración de bases y convocatorias, valoraba solicitudes de potenciales beneficiarios de subvenciones, y asesoraba y licitaba en los procesos de contratación, al tiempo que ejectuaba algunos de los proyectos; además, participó en las convocatorias 2009-2010 con un contrato de asistencia y asesoría del Pla d'Actuació dels Espais de la Memòria de Catalunya.
Según refleja el informe, Stoa, que trabajó para la Dirección General del Memorial Democrático (DGMD), participó a la vez en varias fases de la entrega de subvenciones públicas entre el 2008 y el 2010 "sin que hubiera constancia de la existencia de ningún contrato que amparara la intervención de esta empresa en la fase de concesiones".
Además, remarca una relación continuada entre Stoa y la DGMD durante ese período en el que la empresa valoraba proyectos de entidades locales que se presentaban a la convocatoria de subvenciones del Memorial, y que luego se les concedían.
El Informe también pone de relieve que en 2009 el Memorial incorporó a tres técnicos que hasta el momento trabajaban en Stoa y que se encargaban de valorar los proyectos que optaban a subvenciones, y que al mismo tiempo eran asesorados por Stoa.
Según la autora del Informe, Emma Balseiro --que ha comparecido junto al síndico mayor de Cuentas de Catalunya, Jaume Amat--, también el administrador de Stoa "asistió a unas jornadas técnicas previas a la elaboración de las bases de las subvenciones con entidades locales que posteriormente fueron los beneficiarios".
Entre las irregularidades que remarca la Sindicatura, también consta la existencia de vinculaciones societarias entre la empresa asesora y otras dos empresas, además de indicios de relaciones laborales encubiertas, contratos menores que deberían haberse hecho con convocatorias públicas.
En cuanto al ICIP, la autora del informe constata dos posibles contratos irregulares: el primero es de ampliación de trabajos de adecuación del local de la entidad que supuso una molificación del 64% del contrato inicial --de 180.544 euros sobre 280.952--; el segundo es un contrato menor para cáterings y conferencias, cuyo importe --19.795 euros-- superaba el límite permitido.
La autora del texto, Emma Balseiro, ha matizado que es la Jurisdicción penal quien tendrá que calificar estas irregularidades, sobre las que el PP ya dijo en noviembre que tenía que actuar la Fiscalía.
También ha recordado que "no es la primera vez" que la Sindicatura detecta irregularidades, por lo que ha lamentado que algunos grupos políticos hayan visto "interpretaciones sesgadas" en el informe, refiriéndose por ejemplo, a las declaraciones del portavoz de ERC, Sergi de los Ríos, que ha tachado de demasiado subjetivo el informe.
