BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha abogado este martes por dejar de multar a personas sin techo, en virtud de la aplicación de la ordenanza de civismo del Ayuntamiento que lleva vigente desde hace ocho años, porque "no sirve absolutamente para nada".
En la presentación del libro 'El delito de ser pobre' (Editorial Icaria) del politólogo y sociólogo Albert Sales, Vilà ha recordado que actualmente existen 3.000 personas sin techo en Barcelona, de las que alrededor de 900 duermen al raso, y ha quedado demostrado que las sanciones no las han ayudado a abandonar esta situación.
La síndica ha relatado el caso de un hombre que llegó a acumular hasta 7.000 euros en multas que, gracias a la mediación de la institución que preside, lograron anular porque en estos casos "las multas nunca llegan a pagarse", ha constatado.
De este modo, ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en la modificación de la actual ordenanza de civismo y ha apostado por darle otro aire para cambiar la "mentalidad coercitiva" que impregna la normativa.
Vilà ha abogado también por cambiar la normativa que regula el acceso a los albergues, ya que existen casos de indigentes que no acuden a estos recursos asistenciales por la normativa que regula el acceso --horarios o la imposibilidad de entrar con sus pertenencias--, y "convencer" así a más personas.
La síndica ha dado por hecho que, a pesar de la marca Barcelona y del éxito internacional de la ciudad, "la pobreza se ha instaurado" en la capital catalana hasta convertirse en un fenómeno preocupante, y después también de cambiar de perfil y haber pasado a afectar a capas sociales medias que nunca antes habían caído en esta situación.
Asimismo, ha mostrado su preocupación por la desconfianza que este colectivo puede tener en caso de una fiscalización excesiva de su situación y ha criticado la supresión de la renta mínima de inserción (RMI) en 2011 por parte del Govern por el modo "muy lamentable" en que se explicó y cómo se aplicó, dando a entender que los perceptores eran unos delincuentes.
La portavoz de Cáritas Barcelona Mercè Darnell ha criticado también que la percepción social que va calando pasa por asociar al pobre con una persona culpable de su situación, y ha constatado que la ciudadanía ha perdido multitud de derechos porque éstos han pasado a depender de un presupuesto: "Nos encontramos situaciones cada vez más extremas", ha explicado.
Sales, por su parte, pese a reconocer que Barcelona está por delante de muchas otras ciudades en la gestión de la pobreza, ha constatado que la pobreza cada vez es más un delito y ha advertido que más que una crisis la sociedad se encuentra inmersa en un "cambio de paradigma".
Sobre ello, ha lamentado la criminalización de las conductas desviadas, asegurando además que, pese a que la seguridad actual es muy superior a la de los años 80, en la actualidad existe el doble de población reclusa y el sistema penal es cada vez más punitivo; y ha lamentado que del clásico Estado del bienestar se está pasando a otro sistema basado en que sólo dispondrá de prestaciones aquella persona que trabaje.
