No está previsto que el presidente intervenga ante el tribunal, que oirá los argumentos de su defensa, del fiscal y de Vox
BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) revisará este jueves en vista pública la condena al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al mantener en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta por la libertad de los presos del 1-O pese a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que la retirara.
Un tribunal de cinco magistrados escuchará los argumentos de la defensa de Quim Torra, que ejercen los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, contra la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobedecer a la JEC, que le ordenó retirar la pancarta y un lazo amarillo durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.
En el recurso de casación, Torra alegó que quieren apartarle ilegal e ilegítimamente de su cargo, y apuntó a "clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios indicios de constituir una palmaria persecución política" por parte de los denunciantes y del tribunal.
Torra invocó la vulneración del derecho a un juez imparcial y lamentó "la falta de imparcialidad" de los miembros de la Junta Electoral Central (JEC), del magistrado instructor y del tribunal que le juzgó, por sus posicionamientos públicos contra el proceso soberanista y sus representantes.
También expondrán sus razones la Fiscalía, con la fiscal Pilar Fernández Valcarce en la Sala, y la acusación popular, que ejerce Vox, ambos favorables a confirmar la sentencia del TSJC, lo que supondría confirmar la inhabilitación de Torra y su salida de la Presidencia de la Generalitat.
La Fiscalía pidió inadmitir este recurso de casación al considerar que las resoluciones de la JEC que afectaron a Torra no tenían como finalidad perseguirle políticamente, como sostiene la defensa del presidente de la Generalitat.
En esta vista, que empezará a las 12 horas, no está prevista la intervención de Torra ante la sala, si bien fuentes cercanas han afirmado que el presidente accederá a hacerlo "si el tribunal se lo plantea".
Los cinco magistrados encargados de dirimir este asunto son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo, los tres primeros integrantes de la Sala que dictó la sentencia por el proceso independentista en Catalunya.
INHABILITACIÓN PARA LA EUROCÁMARA
El fallo del TSJC que se revisará este jueves también incluye la inhabilitación para presentarse a las elecciones a la Eurocámara, algo que la defensa de Torra considera contrario al derecho europeo y que podría recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), enfocando todos los recursos a la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Al tramitar el recurso después de la sentencia del TSJC, Torra planteó al TJUE cuestiones prejudiciales relativas a la imparcialidad del tribunal que le ha juzgado, y si se admiten tendrá un plazo de al menos seis meses para resolverlas.
De forma paralela, sigue pendiente otro recurso por esta causa en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ya que Torra recurrió el acuerdo de la JEC por el que le retiraba el escaño en el Parlament a raíz de la sentencia del TSJC.
SENTENCIA EN DICIEMBRE DE 2019
El TSJC condenó a Torra el 19 de diciembre de 2019 por desoír la orden de la JEC antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y por estos hechos fue sentenciado a un año y medio de inhabilitación además de a una multa de 3.000 euros por un delito de desobediencia.
En el juicio en el TSJC, Torra reconoció que desobedeció a la JEC, alegando que "era imposible cumplir una orden ilegal", ya que su defensa sostiene que este órgano no tiene potestad para dar este tipo de órdenes al presidente de la Generalitat, y alega que en el procedimiento se han vulnerado sus derechos fundamentales.
La condena será firme si el Supremo la avala, si bien Torra podría presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y pedir la suspensión de la sentencia.
