BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El municipio tarraconense de Alcover ha acogido a 21 de los 40 bengalíes que fueron liberados el 5 de noviembre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, tras expirar el máximo de 60 días que pueden permanecer en la instalación según la Ley de Extranjería. Los inmigrantes fueron trasladados a Barcelona desde el Centro de Estancia Temporal de Melilla, donde residieron más de cuatro años.
Fuentes de la asociación Papeles y Derechos para Todos han explicado a Europa Press que los inmigrantes, procedentes de Bangladesh, están abocados a un limbo jurídico y asistencial, puesto que la Cruz Roja tan sólo les garantiza alojamiento y manutención durante dos semanas y una orden de expulsión pesa sobre ellos hasta finales de 2010 --cuando vencerá, a los cinco años de su emisión--.
Los bengalíes, cuya orden de expulsión no ha podido ejecutarse porque están indocumentados y Bangladesh no les reconoce como nacionales, intentarán ahora tramitar un pasaporte y solicitar el permiso de residencia por arraigo social cuando expire la orden de expulsión, puesto que ya han permanecido más de tres años de forma irregular en España, han añadido las mismas fuentes.
Han precisado que, de los bengalíes que fueron trasladados al CIE de Barcelona desde Melilla y Ceuta, siete fueron devueltos a Bangladesh con un avión militar, y el resto se han distribuido entre Alcover --con poco más de 5.000 habitantes--, Teruel, Murcia y Valencia.
"Queríamos que se quedasen todos en Barcelona, pero el Gobierno no lo consintió", han asegurado, y han avanzado que interpondrán una queja ante el Defensor del Pueblo para protestar contra las irregularidades del proceso, señalando que los siete que fueron deportados también estaban indocumentados.
SITUACIONES LÍMITE
Fuentes de SOS Racismo de Catalunya han remarcado que la Ley de Extranjería condena a estos inmigrantes "a situaciones límite" en las que no les queda otra salida que malvivir de la caridad.
Las mismas fuentes han cargado contra la "incoherencia" de la norma, precisando que los inmigrantes puestos en libertad con una orden de expulsión sin ejecutar no pueden obtener permisos de residencia ni de trabajo, por lo que quedan en un "limbo jurídico y administrativo". Esta situación promueve a su vez el "racismo social" entre los ciudadanos, han advertido.
A lo largo del 2009 pasaron 1.951 inmigrantes por el CIE de Barcelona, de los cuales 834 fueron trasladados desde otras comunidades del Estado, con centros de internamiento en Madrid, Valencia, Málaga, Algeciras, Murcia, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura.
