BARCELONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la Generalitat por vulnerar la Constitución con su orden de servicios mínimos "desproporcionados" para la huelga de profesores del 14 de febrero de 2008.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han dado la razón al sindicato de profesores USTEC-STE, al considerar que la Conselleria de Trabajo vulneró el artículo 24 de la Carta Magna, y han confirmado la sentencia emitida en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el mismo asunto.
El fallo reafirmó que los servicios mínimos interpuestos eran "desproporcionados y abusivos hasta hacer ilusorio el derecho de huelga", vulnerando los artículos 28 y 24. El TSJC también consideró que la orden de servicios mínimos emitida por la Generalitat era "tardía" e impedía obtener un adecuada tutela judicial.
En su defensa, el Govern esgrimió que hubo tiempo hábil suficiente para acordar la medida cautelar porque la comunicación de los servicios mínimos tuvo lugar el 12 de febrero y la huelga estaba convocada para el 14.
La Generalitat interpuso ante el TS un recurso de casación contra la sentencia, que anulaba la orden del Govern impugnada por el sindicato por haber vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva.
El TS ha considerado también vulnerada la tutela judicial efectiva porque entre la notificación de la orden de servicios mínimos y la huelga sólo hubo 28 horas, un tiempo "claramente insuficiente" para pedir medidas cautelares, por lo que ha desestimado el recurso de casación del Govern.
HUELGA SECUNDADA POR LA MITAD DE DOCENTES
El 52,41% de los profesores de la escuela pública secundaron dicha huelga. Del total de 66.281 trabajadores que cuentan los centros catalanes, 34.737 secundaron la protesta, mientras que 31.544 acudieron a su puesto de trabajo, según datos de la Conselleria de Educación.
Concretamente, el Govern dictó unos servicios mínimos para la huelga de febrero de 2008 en los que exigía que centros de enseñanza Infantil y Primaria hubiera un docente por cada cuatro clases.
