Le atribuye los presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave como miembro del "comité ejecutivo"
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto investigación contra el diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové, exsecretario general de la Conselleria de Economía con el Govern de Carles Puigdemont, por presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave por su implicación en el proceso soberanista y la organización del 1-O, y descarta de momento investigar al vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès.
En su auto, el alto tribunal catalán considera que Jové pudo participar en el "comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern" y otros actores, desde el año 2015, para conseguir la independencia tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional.
Sobre Aragonès, considera que la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona no detalla los actos referidos a la esfera de su responsabilidad como Secretario del departamento de Economía que habría realizado u omitido para sostener la realización del 1-O, y rechaza de momento investigarle, pese a que recoge que fue apercibido por el Constitucional de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa para realizar la consulta.
En este auto de la Sala Civil y Penal, se dicta la apertura de procedimiento penal y se designa como instructora a la magistrada Maria Eugènia Alegret, por presuntos delitos de malversación de fondos previsto en el artículo 432, revelación de secretos de los artículos 197 y 417 y de desobediencia grave del artículo 410 del Código Penal.
Así, enumera en el escrito los indicios recabados contra Jové que le relacionan presuntamente con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Catalunya por la vía unilateral, desoyendo al Tribunal Constitucional, y con "la asistencia" del 1-O, declarado inconstitucional.
Constata la posible participación de Jové en el proceso, "que habría exigido, para contar con garantías de éxito, la previa creación de estructuras administrativas que garantizarían el funcionamiento del nuevo ente y la desconexión con la estructura del Estado".
Tiene en cuenta su "eventual responsabilidad" como secretario general del departamento de Economía, que lideraba Oriol Junqueras, entonces vicepresidente del Govern y actualmente en prisión preventiva, en la organización del referéndum, para lo que se invirtieron directamente o mediante personas interpuestas fondos públicos o bien se comprometió el correspondiente gasto.
CENSO DEL 1-O
Asimismo, le atribuye el presunto uso ilícito del fichero de datos personales de la población de Catalunya con el que contaba el Idescat, ya que firmó el 28 de febrero de 2017 un convenio con esta entidad, a la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitaba legalmente los datos personales de la población catalana.
El convenio, según constata el TSJC, "versaba sobre el tratamiento del fichero de datos de carácter personal" del registro de participación en consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana, y autorizaba al Idescat que remitiera trimestralmente a Vicepresidencia los datos del fichero del Registro de Población.
Según sus afirmaciones, el Idescat entregó el Registro de Población de Catalunya --con referencia al 1 de abril de 2017-- para ser utilizado para la celebración del 1-O, que fue trasladado, junto con otros relativos al registro de catalanes en el exterior, a la Conselleria de Gobernación.
Con estos ficheros "se confeccionaron las listas de electores adscritos a los colegios electorales, el nombramiento de cargos para las mesas electorales y tarjetas censales del referéndum suspendido y los sistemas informáticos de votación", constata.
