BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha inadmitido la querella presentada por Cs contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los consellers de su Govern al rechazar que cometieran un delito de provocación a la sedición con sus declaraciones sobre las protestas convocadas por los CDR contra el Consejo de Ministros de Barcelona del 21 de diciembre de 2018.
En un auto del TSJC, recogido por Europa Press, argumenta que no se aprecia que el Govern de Torra incitara de forma directa a impedir por la fuerza la celebración del Consejo de Ministros, lo que representaría el delito de incitación a la sedición.
El grupo de Cs en el Parlament presentó ese día una querella criminal por el posicionamiento de Torra y miembros de su gobierno ante las convocatorias de los CDR para boicotear o impedir que se celebrara el Consejo de Ministros liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Barcelona.
El partido consideraba que el Govern no trasladó a la ciudadanía que las acciones de boicot anunciadas eran ilícitas y además "difundieron mensajes expresos de amparo y justificación de esas acciones promovidas desde la clandestinidad, haciendo con ello dejación de las funciones".
Entre otras declaraciones del Govern, recogían las de Quim Torra contestando a la entonces líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, en que afirmó: "Nosotros, como Govern, garantizaremos siempre la seguridad de todo el mundo, siempre, y garantizaremos siempre la libertad de expresión y de concentración de todo el mundo".
También otra de Torra que afirmaba que "este país ha perdido el miedo por todo lo que ha pasado estos años", y de la entonces portavoz, Elsa Artadi, que dijo que la gente tiene derecho a protestar y el Govern garantizará este derecho igual que garantizará el derecho a la seguridad.
LA REUNIÓN SE CELEBRÓ CON "NORMALIDAD"
Ahora el alto tribunal catalán constata que el Consejo de Ministros se celebró "con toda normalidad y en el lugar y hora previstos, sin que afectara a su desarrollo la concentración de personas en sus inmediaciones" que protestaban.
Afirma que hubo el correspondiente dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra, que incluso hizo uso de la fuerza, para preservar la seguridad ciudadana y la garantía del normal funcionamiento de la reunión.
Tiene en cuenta que "más allá de la coincidencia de objetivos políticos que pueda existir entre las organizaciones convocantes de las concentraciones y acciones para el día 21 de diciembre de 2018 y los integrantes del Govern de la Generalitat en esa fecha", en las declaraciones del Govern se incluía que garantizarían funcionamiento de las instituciones y la seguridad pública.
Asimismo, valora que las declaraciones de Artadi, "de respeto al ejercicio del derecho de reunión y manifestación, en ningún caso se vinculaba con un hipotético propósito de impedir la celebración del Consejo".
