UGT alerta de que empresas con contratos públicos suspendidos presentan ERTE por coronavirus

Varios obreros trabajan remodelando una calle durante el tercer día laborable del estado de alarma por coronavirus, en Barcelona/Catalunya (España) a 18 de marzo de 2020.
Varios obreros trabajan remodelando una calle durante el tercer día laborable del estado de alarma por coronavirus, en Barcelona/Catalunya (España) a 18 de marzo de 2020. - David Zorrakino - Europa Press
Publicado: martes, 24 marzo 2020 19:11

BARCELONA 24, (EUROPA PRESS)

   UGT de Catalunya ha alertado este martes de que "numerosas empresas", cuando comunican la suspensión del contrato público, en vez de valorar y reclamar los daños y perjuicios correspondientes a los salarios y gastos ocasionados, presentan un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para suspender contratos.

   En un comunicado, el sindicato ha recordado que las empresas con contratos públicos suspendidos no pueden presentar ERTE y ha insistido a la Generalitat y al Gobierno que contribuyan a "salvaguardar" los empleos en las empresas que trabajan por contrato público.

   "Por esta razón desde el primer momento pedimos a las administraciones públicas que garantizaran el pago de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras de los contratos públicos suspendidos temporalmente como consecuencia del Covid-19", ha señalado.

   Así, ha argumentado, se garantiza que las empresas contratistas estén disponibles y no puedan presentar ERTE ni ERE porque tienen garantizados los ingresos de los salarios de los trabajadores.

   El sindicato denunciará ante la autoridad laboral todas aquellas empresas "que se quieran aprovechar presentando ERTE, dejando a un lado sus obligaciones empresariales" para no mantener los puestos de trabajo, y no reclamar daños y perjuicios correspondientes que garanticen los salarios de los trabajadores.

   Por eso, UGT de Catalunya también pide a la Generalitat que regule de una manera clara de dónde salen los fondos y los mecanismos para que las administraciones públicas puedan abonar las compensaciones de daños y perjuicios, sobre todo los salarios, con "la máxima celeridad posible".

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