Veinte antiguas escuelas del Pallars Sobirà (Lleida) se convertirán en pisos sociales

Actualizado: martes, 3 marzo 2009 15:06

LLEIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, la Diputación de Lleida y el Consell Comarcal del Pallars Sobirà convertirán en un año ocho escuelas y casas de maestros de los municipios de Soriguera y La Guingueta (Pallars Sobirá) en viviendas sociales de alquiler para jóvenes de la zona.

De momento ya se ha rehabilitado y adjudicado una de las viviendas en Tornafort, un núcleo de La Guingueta, y se prevé ampliar la iniciativa a unas veinte escuelas más la comarca.

La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, explicó hoy durante la presentación del proyecto que las viviendas se alquilarán a 30 años a un precio de entre 190 y 230 euros.

Trilla destacó que este plan piloto "es una experiencia nueva" en Catalunya que les hace "mucha ilusión". Trilla explicó que la finalidad es doble. Por una parte, se creará una oferta de viviendas sociales en municipios con pocos recursos y, por otra, se quiere "evitar la degradación" de estos edificios sin uso que se construyeron durante la Mancomunidad y la segunda República, a principios del siglo XX.

Según explicó el presidente del Consell Comarcal del Pallars Sobirá, Vicenç Mitjana, en esta primera fase se rehabilitarán las escuelas de Escart y Escaló del municipio de Soriguera y Arcalís, Baro, Escós, Estach y Malmercat del municipio de La Guingueta.

El presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert, afirmó que la vivienda es un tema que preocupa mucho, ya que "en los últimos años las segundas residencias han encarecido mucho el precio de las viviendas en estos núcleos". Gilabert destacó también que el convenio que han firmado las tres instituciones permitirá "recuperar parte del patrimonio histórico de los pequeños pueblos del Pirineo".

Las escuelas son municipales y por ello serán los ayuntamientos los que cobrarán el alquiler. La Diputación se encargará de hacer los estudios técnicos y los proyectos de rehabilitación y la Generalitat y el Gobierno español pagarán las obras.