CEUTA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta ha firmado este miércoles a última hora de la tarde el auto que permitirá la inmediata puesta en libertad del ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) y ex diputado autonómico del PP Antonio López, que permanecía en prisión provisional desde mediados de febrero del año pasado acusado de ser la "cúspide" de la trama dedicada a la adjudicación irregular incluso a cambio de dinero de viviendas protegidas en la ciudad autónoma.
Entre otros, se le imputan presuntos delitos de cohecho, organización criminal, prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. Para poder salir de la cárcel, su entorno ha reunido una fianza hipotecaria por cerca de 300.000 euros, y ha depositado 14.000 en metálico para completarla, según han precisado fuentes judiciales a Europa Press.
Las estimaciones de la Fiscalía estiman que el acusado está siendo investigado por distintos delitos castigados en abstracto todos ellos "hasta con un total de 14 años de prisión".
Según estableció la Audiencia Provincial el pasado 26 de enero, cuando tras varias negativas aceptó la puesta en libertad bajo fianza del ex viceconsejero del Gobierno que preside Juan Vivas (PP), López se quedará sin pasaporte y estará obligado a comparecer todos los lunes, miércoles y viernes antes de mediodía en sede judicial.
El 'caso Emvicesa' comenzó a instruirse durante el verano de 2015, cuando la ex consejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), denunció la publicación de una 'lista fantasma' de adjudicatarios de 317 VPO a la que se negó validez alguna. En febrero del año pasado, López fue detenido en Marbella (Málaga) y encarcelado, como otros tres supuestos 'conseguidores' de 'clientes' que también han salido ya de prisión provisional.
La macrocausa, que suma más de 60 imputados por distintos delitos y varias piezas separadas, tiene también una rama política que afecta, al margen de a López, a la propia Román y a la ex consejera de Asuntos Sociales Rabea Mohamed (PP), que dimitieron de todos sus cargos tras ser arrestadas, y a los representantes en la Comisión Local de la Vivienda del resto de partidos con representación institucional durante la pasada legislatura, que continúan implicados como investigados por supuesta negligencia en el control de los procesos de adjudicación de VPO.
