Asegura que "no es la primera vez que un Gobierno paga" tras la expulsión de los 116 subsaharianos de Ceuta y recuerda el caso de 103 de Melilla de 1996
MELILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Melilla ha señalado que de la reciente devolución a Marruecos de 116 ciudadanos subsaharianos migrantes desde Ceuta "ha trascendido que el Gobierno español ha pagado al marroquí una cantidad de dinero por cada uno de estos".
A través de un comunicado de prensa, la organización que dirige José Alonso ha detallado que "estas cantidades se abonan al margen de los 150 millones de euros que la Unión Europea ha acordado abonar al Reino de Marruecos, en concepto de colaboración en el control de las fronteras del Sur de Europa (Ceuta y Melilla), y que ha provocado una ola de represión en el país vecino entre la población subsahariana, incluida la que reside en él legalmente, con 2.000 detenidos, decenas de heridos y dos muertos".
La entidad humanitaria melillense ha asegurado que "no es la primera vez que un Gobierno español paga a otros gobiernos para que acepten a inmigrantes de terceros países". Según APDH, "así ocurrió en 1996, recién había tomado posesión el Gobierno de Aznar, con la 'Operación Melilla', siendo ministro del Interior Mayor Oreja, provocando un escándalo internacional". En este caso, ha proseguido, fueron expulsados 103 inmigrantes, "a los que se les dopó con haloperidol a fin de que no ofreciesen resistencia", según ha aseverado APDH.
La asociación ha recordado que fueron llevados en aviones del Ministerio de Defensa a diversos países del África subsahariana como Mali, Guinea Conakry o Senegal, "y entregados a las autoridades de los mismos a cambio de una cantidad de dinero por cada inmigrante, dinero que portaban agentes gubernamentales en maletines con dólares, provenientes de los fondos reservados", según ha apuntado en el comunicado de prensa.
También ha manifestado que "el caso concluyó, entre sus aspectos más trágicos, con la muerte de uno de los inmigrantes, y dos funcionarios de policía de la custodia a punto de morir como consecuencia de enfermedades tropicales, pues la premura de la operación no permitió administrarles las vacunas necesarias".
La APDH ha criticado que en ambos casos "los gobiernos no informaron públicamente de la cantidad de dinero pagada por cada uno de los inmigrantes expulsados".
En este sentido, ha lamentado que "en una sociedad de mercado como es la nuestra, en la que se sabe el precio de todo, y la transparencia es una de sus reglas principales; donde se sabe el precio de un deportista, o de un empleado de cualquier sector, no se sabe el dinero que sale de los presupuestos del Estado para pagar a otro país por un negro".
Para concluir, ha indicado que "esto es lo que nos hace preguntar al Gobierno y preguntarnos, ¿cuánto vale un negro?".
