CEUTA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha aprobado este sábado en su primera reunión por videoconferencia sin ningún diputado en sus escaños un expediente de modificación del Presupuesto de la Administración autonómica para 2020 que movilizará 70,1 millones de euros a costa de prescindir de múltiples inversiones y de la concertación de nuevas operaciones financieras a corto, medio y largo plazo para "paliar" las "devastadoras consecuencias sociales y económicas" que generará en la ciudad autónoma la crisis sanitaria de la Covid-19 y las medidas dictadas para contener su propagación con el estado de alarma.
La consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Kissy Chandiramani (PP), ha anunciado la creación de un fondo extraordinario para necesidades sociales dotado con 6,1 millones procedentes de las aportaciones estatales y "financiación propia de la Ciudad", cuyos Servicios Sociales han visto "quintuplicarse" durante el último mes hasta 510 el número de familias que atienden.
El Gobierno de Ceuta también prevé acometer "de inmediato" el pago de todas las facturas pendientes de abono con proveedores de bienes y servicios, lo que le obligará a desembolsar 23,3 millones de euros, y pondrá en marcha un programa con diez millones para ayudar a hasta 3.600 pequeñas y medianas y empresas y autónomos a pagar suministros básicos, salarios y otras obligaciones.
El Ejecutivo local va a dedicar 15 millones a la adjudicación de obras a empresas locales a través de una reformulación de su Plan de Inversiones y 350.000 euros a la compra de material sanitario que se pondrá a disposición del Ministerio de Sanidad. Las moratorias y bonificaciones fiscales introducidas en distintos tributos y tasas municipales y la depresión económica obligarán a la Administración a prescindir de 30 millones de euros en ingresos que intentará compensar para no perder liquidez con créditos a corto plazo. Para su devolución a medio y largo plazo se pedirá a los bancos 35,3 millones más.
"Vamos a aprovechar el esfuerzo de saneamiento que hemos hecho durante los últimos años, más de 100 millones amortizados desde 2012, para ayudar ahora a los colectivos más vulnerables y que nadie se quede atrás en esta crisis", ha destacado la consejera, que ha recibido el apoyo de Vox y los localistas del MDyC a su propuesta íntegra y el del PSOE y Caballas a todos los puntos salvo a uno en el que se han abstenido.
El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha lamentado que el plan gubernamental "solo dedica un nueve por ciento de sus fondos a necesidades sociales" y ha indicado que "la obligación de la Ciudad no es solo cambiar la Covid-19, sino atender a su pueblo ahora y cuando pase la pandemia". Durante sus dos turnos en el uso de la palabra ha puesto de relieve las aportaciones del Gobierno de Pedro Sánchez para reducir el impacto de la crisis y ha pedido "unidad" a todos los partidos.
El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha alabado las rebajas propuestas en las facturas de agua, recogida de basuras o alcantarillado y ha justificado su respaldo "vigilante" a la propuesta del Gobierno en que "es el momento de salvar el tejido productivo y el empleo de los ceutíes, así como de apoyar de forma decidida a quienes más padezcan las consecuencias de esta crisis sanitaria y transversal".
La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha instado al Ejecutivo a acelerar todo lo posible los plazos de entrada en vigor de los acuerdos adoptados, cuya implementación todavía podría demorarse en función de si reciben o no alegaciones durante su tramitación entre 30 y 60 días, y el de Caballas, Mohamed Ali, ha aplaudido la disposición al "diálogo" del Gobierno para afrontar la crisis y ha reclamado que "module el apoyo a las empresas que están haciendo negocio con la pandemia".
Ceuta, que ya arrastraba las tasas de paro y población por debajo del umbral de la pobreza más altas del país, ha registrado desde que se decretó el estado de alarma casi 850 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), sobre todo en los sectores comercial y hostelero, que han dejado temporalmente sin trabajo a 2.763 trabajadores, más del 30% de los cotizantes a la Seguridad Social del sector privado sin contar a las 2.000 empleadas de hogar transfronterizas marroquíes que tampoco pueden acceder a la ciudad tras el cierre de la frontera del Tarajal.
