CEUTA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Ceuta ha aprovechado el trámite de enmiendas al proyecto de Presupuestos de la Ciudad de 2019 para proponer un cambio en sus Bases de Ejecución que "elimine" la salvedad que permite a los miembros del Gobierno autonómico que, como su presidente, Juan Vivas (PP), son funcionarios de carrera en situación de servicios especiales, seguir cobrando retribuciones en concepto de indemnización por residencia.
Vivas, cuatro de sus consejeros --los de Gobernación, Turismo, Presidencia y Educación; Jacob Hachuel, Emilio Carreira, Mabel Deu y Javier Celaya, respectivamente-- y la vicepresidenta primera de la Asamblea, Rocío Salcedo, compaginan actualmente sus sueldos con ese plus, que en el caso del presidente ronda los 1.300 euros mensuales.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto de Ceuta establecen que las retribuciones de todos los altos cargos "son incompatibles con cualquier otra remuneración" procedente de arcas públicas "salvo que se trate de funcionarios de carrera en situación de servicios especiales, quienes tendrán derecho a percibir las retribuciones que les correspondan en concepto de antigüedad y residencia".
La formación naranja formalizó en mayo del año pasado una demanda todavía sin sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el pago de esa indemnización a esos políticos "cuando el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases de Régimen Local establecen que estos empleados públicos sólo tienen derecho a los trienios reconocidos en cada momento".
"Mientras ese concepto [la antigüedad] es abonado por la Administración de origen, con la residencia se atribuye a la Ciudad sin amparo legal alguno la obligación de hacerse cargo indebidamente de su pago tanto a los funcionarios propios como a los de otras administraciones", argumentó Cs.
Según Ciudadanos, este régimen retributivo se implantó "durante los años del GIL en el Gobierno de la Ciudad", y el PP lo perpetuó con una "interpretación interesada, porque es imposible que no sepan que no les corresponde", que le permite "fijar unas retribuciones aparentemente más bajas de lo que lo son en realidad" para cargos como Vivas, que percibe unos 88.000 euros al año.
La demanda también alertó de que el Gobierno de Ceuta estaría incumpliendo el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias --excluidos los trienios de los funcionarios de carrera en servicios especiales--, que en el caso de la ciudad autónoma "se fija en 75.000 euros".
